La norma, que deberá ser tratada por el Senado, otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para privatizar empresas públicas, eliminar la moratoria previsional, habilitar la creación de un régimen de incentivo para “grandes inversiones” y una reforma laboral. Dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron su opinión sobre la aprobación de la ley Bases, que ahora deberá ser tratada por el Senado, y por la cual se otorgan facultades especiales al Poder Ejecutivo para privatizar empresas públicas, eliminar la moratoria previsional, habilitar la creación de un régimen de incentivo para “grandes inversiones” y una reforma laboral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter) que “la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’: aprobada en general por la Cámara de Diputados. Fin”.
De igual modo, el ministro de Defensa, Luis Petri, al celebró los 142 votos afirmativos y la aprobación en general. “¡Viva La Libertad, Carajo!”, posteó el radical.
Contrariamente, la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expresó: “Con la Ley Bases, Milei y sus cómplices están vendiendo al país. Superpoderes, privatizaciones, reforma de ley laboral, aumento de edad jubilatoria” y agregó que se trata de “recetas viejas que no funcionaron y llevaron a millones de argentinos a la ruina. Hipotecaron el futuro de la Nación”.
El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque aseveró: “el pueblo y la patria se los demandarán” y la titular de Cetera, Sonia Alesso, consideró que se trata de “una vergüenza” y agregó: “Espero que las y los que votaron esta ley paguen por lo que están haciendo”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió “reflexionar acerca del enorme retroceso que tendremos como Nación con la aprobación de la Ley de Bases” y consideró que “esta imposición del Ejecutivo Nacional solamente propone beneficios para los grupos económicos más poderosos de Argentina”.
Estimó que la propuesta, que ahora deberá ser tratada en el Senado, “deja de lado todos los derechos que los trabajadores y trabajadoras han obtenido a lo largo de nuestra historia, dejando en el desamparo absoluto a la clase trabajadora y legitimado las prácticas ilegales de los empleadores que no cumplen con sus obligaciones, por citar solamente un ejemplo”.
“En más de 200 años de historia logramos un país donde las mujeres tienen derecho a una jubilación después de toda una vida trabajando en los cuidados familiares sin recibir una remuneración por su dedicación, donde las infancias, las juventudes y las personas adultas mayores están protegidas por un Estado que les garantiza el acceso a la salud y la educación”, puntualizó y añadió que “un país donde los recursos naturales se protegen, porque proteger la tierra es cuidar el futuro de todos y todas”.
Sostuvo luego que “las leyes y la función pública deben trabajar para mejorar la vida de las personas. Proteger sus derechos y garantizar el futuro de cada argentino y argentina”.
En ese tono, el dirigente de Argentina Humana Juan Grabois, puso de relieve en declaraciones a Radio Con Vos que “es un día tristísimo, otra jornada infame en la historia argentina” y remarcó que “ganaron las corporaciones transnacionales, perdió la industria nacional; ganaron las elites privilegiadas, perdieron las mayorías populares; ganaron los narco-lavadores, perdieron los contribuyentes”.
“El círculo rojo lo escribió, su gobierno libertino lo rubricó y la tan mentada casta lo votó”, indicó luego en su cuenta de Twitter y cuestionó a la llamada “oposición dialoguista” al entender que “si no hay un solo artículo a favor del pueblo, ¿por qué la votan?”.
Así, agregó: “salvo que uno esté de acuerdo con esta barbaridad, hay que frenarla” y subrayó: “Hay que resistir una ofensiva contra los valores democráticos y republicanos más elementales con los que tanto se han llenado la boca durante tantos años”.
“Un tipo con 100 millones de pesos va a pagar 20 mil pesos y un cartonero 26 mil por mes. Es una injusticia evidente”.
“No hay una sola cosa en la ley que no sea una inversión del principio más básico de justicia, de equilibrio”, afirmó y detalló: “Un tipo con 100 millones de pesos va a pagar 20 mil pesos y un cartonero 26 mil por mes. Es una injusticia evidente”.
“Le sacan la moratoria a quienes se van a jubilar, pero hacen una moratoria fiscal que parece un revanchismo de los de arriba donde hay plazos, descuentos, casi un premio a quienes no pagaron el impuesto a las grandes fortunas”, indicó y criticó al presidente “que hizo una apología total al delito diciéndole héroes a quienes compran dólares en negro”.
Grabois también sostuvo que “la Argentina totalmente desregulada y liberalizada en sus transacciones financieras se va a convertir en un narcoestado como Ecuador. Y eso triplica o cuatriplica la tasa de homicidios que sufren sobre todo los pibes más pobres. Rosario va a ser un poroto. Ese blanqueo es corrupción y es la sangre de los pibes”.
Además, afirmó que en la ley “hay una afrenta al federalismo muy grande. En el Régimen de Grandes Inversiones (que es escandaloso, que es para fomentar el extractivismo más vil, sin valor agregado, donde una pyme va a pagar más impuestos que una corporación transnacional), establece que si las provincias ponen limitaciones son nulas de nulidad absoluta”.
El presidente de la Juventud Radical porteña, Agustín Rombolá, señaló que; “lo único más indigno que votar esta ley es hacerlo a los gritos o citando a Raúl Alfonsín (perdón, Viejo)”.
En tanto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, manifestó: “Quieren reformar el sistema tributario argentino y lo que hacen es quitarle progresividad y equidad. De eso se tratan las modificaciones que pretenden introducir en bienes personales”.
“El proyecto de bienes personales es totalmente regresivo: elimina la alícuota y el alta, multiplica por cuatro el mínimo no imponible y lo lleva hasta $100 millones, elimina el diferencial sobre bienes en el exterior”, analizó.
Evaluó, en ese marco que, “según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sólo en 2024, reduce la recaudación en 0,36% del PIB. Baja las alícuotas máximas en los próximos años hasta converger en 0,25%, reduciendo el impuesto a su mínima expresión” y puntualizó que la norma “crea un régimen especial para anticipar pagos a baja tasa (incluyendo los que blanquearon activos) y excluir todo acrecentamiento patrimonial posterior a 2023”.
“Es falso que afecte la inversión, porque no grava la rentabilidad de las empresas sino las fortunas personales”.
Entendió que “el impuesto al patrimonio es un pilar de los sistemas tributarios modernos que permite reducir la concentración de la riqueza” y aseveró que “es falso que afecte la inversión, porque no grava la rentabilidad de las empresas sino las fortunas personales”.
“De convertirse en ley, el diseño de la imposición patrimonial en Argentina se apartaría de estándares de progresividad recomendados por organismos y países que este Gobierno dice admirar y querer imitar como el G20 y la OCDE, o EEUU y el bloque de países de la UE”, razonó.
Luego, recalcó que “no es nuevo que un gobierno liberal busque reducir los impuestos a los que más tienen”, apuntó que “este proyecto puede ser visto como una continuidad de la reforma impositiva del año 2016, que también bregaba por una alícuota única del 0,25% evitando todo atisbo de progresividad”.
Y cerró: “La historia se repite, esta vez repotenciada en un esquema que, junto con la Ley bases y el DNU, busca favorecer a los sectores concentrados y de mayor patrimonio, mientras se ajusta a sectores populares, medios y provincias. Falta que nos digan que esperemos el efecto derrame”.
El exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, analizó con relación al voto de los legisladores del PRO; “¿Se los puede llamar ‘colaboracionistas’ o hacen falta más pruebas?”.
El exjuez y actual Secretario de Coordinación de La Plata, Luis Federico Arias, recalcó que; “tal vez no alcancemos a visualizar ahora los efectos adversos que la denominada Ley de Bases causará en nuestra querida y autodestructiva sociedad Argentina”.
“Recorriendo algunos países hermanos me preguntaba cómo puede suceder que en un contexto de enorme pobreza, desigualdad y neocolonialismo, el pueblo elija gobiernos de derecha. Bueno, eso sucede hoy en nuestro país”, continuó y aseveró que “vendrán años de degradación social, política y económica. Se los aseguro, ya hemos vivido esto durante la dictadura, el gobierno de Menem y con Macri”.
“Sólo espero que despertemos a tiempo de esta pesadilla, salgamos de la desesperanza y retomemos cuanto antes nuestro futuro de grandeza”, cerró.
“Hay una Convención Internacional que lo prevé. Argentina la suscribió. Sería bueno repasarla”, destacó.
“La Ley Bases se va a judicializar. Va a haber una lluvia de acciones judiciales porque esto no resiste la Constitución Nacional. Si no hay justicia social y no es progresiva, la ley no puede existir”.
Héctor Recalde
En esa línea, en declaraciones a radio Provincia, el abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde consideró que la ley Bases; “tiende a aniquilar derechos” y analizó que “habrá una lluvia de acciones judiciales porque no resiste la Constitución Nacional”.
“Todas las modificaciones incluidas en la ley son regresivas: se rebajan las indemnizaciones por despidos, se aumenta la indefensión y se castiga la actividad sindical de los trabajadores”. Planteó y razonó que “no hay una consideración de los derechos humanos de los trabajadores”.
Recordó que “en la actualidad hay un período de prueba laboral de 3 meses pero ahora pasa hasta 1 año”, rechazó la extensión del plazo y consideró que se trata de un artilugio; “para que las empresas puedan despedir sin pagar indemnización”. Al tiempo que ironizó: “Si un empresario necesita un año para saber si un trabajador es apto, al que hay que despedir es al empleador”.
“si no hay justicia social y no es progresiva, la ley no puede existir”.
Por otra parte, indicó que “con este gobierno, los trabajadores perdieron el 20% de la capacidad adquisitiva del salario y los jubilados el 25%”. Y adelantó que “la Ley Bases se va a judicializar. Va a haber una lluvia de acciones judiciales porque esto no resiste la Constitución Nacional”. Por cuanto “si no hay justicia social y no es progresiva, la ley no puede existir”.
En similar tono se manifestó el titular de la CTA-A de la Provincia, Oscar De Isasi. Este quien en declaraciones a la misma emisora afirmó que el gobierno “se ha animado a más que la dictadura” y convocó a organizarse para “torcerle el brazo”.
Lamentó la media sanción que obtuvo la Ley Bases porque se trata de un “combo que significa perfeccionar la ingeniería jurídica de la entrega, el saqueo y el ajuste de los sectores populares a través de la reforma laboral encubierta, la privatización de las empresas públicas y la pérdida de posiciones estratégicas del Estado en áreas que tienen que ver con las riquezas de nuestro país”.
“La empresa privada busca el lucro y va a estar donde pueda ganar”
En relación a los artículos que habilitan la venta de empresas del Estado. Dijo que “la empresa privada busca el lucro y va a estar donde pueda ganar. Hoy Aerolíneas Argentinas va a todos los lugares del país, sea rentable o no, porque cumple una función social. Eso se va a perder en todas las empresas que se privaticen”.
Por tal motivo, planteó que “por esa razón hablamos de un Estado que no solo garantice la salud, la educación, la niñez. Sino que intervenga en el proceso económico para que la voracidad del sector privado no se lleve puesta la vida de millones de compatriotas”.
Por último, denunció que el gobierno de Javier Milei “se ha animado a más que la dictadura”, y señaló: “El DNU plantea la entrega de la tierra a las multinacionales y avanzó en la reforma laboral como si fuera el comisario de Robin Hood” y aportó que “está apurado porque sabe que el consenso electoral se le va a horadar” debido a que “muchos de los que lo votaron, lo hicieron porque no alcanzaron el bienestar que esperaban del gobierno de Alberto Fernández”.
