Hace algunas semanas se dio a conocer la noticia del despido de Patricia Perdiguera, secretaria administrativa del Colegio de Abogados de La Matanza (C.A.L.M). Ella prestó servicio a la institución por más de 20 años y debió padecer la violencia y misoginia de la decisión. La causa de despido se debió a que “siendo una de las empleadas más antiguas era, al mismo tiempo, una de las más costosas”, según declaró una fuente cercana a la institución.
El encargado de esta destitución apunta al actual presidente del C.A.L.M, Martin Rivas. Él habría acusado a Perdiguera de omitir el registro en un asiento de la suma de 3.399.715 pesos. Estos habrían ingresado en un fondo fijo el 18 de diciembre del 2020.
Sin embargo, la mujer se encuentra dispuesta a llegar hasta las ultimas consecuencias en el ámbito de la Justicia. Tras el despido injustificado, Perdiguera alegó en su descargo haber sufrido serios “trastornos psicofísicos”. Además, “pérdida de cabello” y un estado de inestabilidad emocional permanente.
Violencia machista en puesto de poder
A pesar de una disposición en contra del Ministerio de Trabajo, las autoridades del C.A.L.M, ordenaron la instalación de cámaras de seguridad y micrófonos en lugares estratégicos del edificio. Esas imágenes registraron varios hechos de ataques a varios empleados por parte de Rivas.
Por otro lado, además de las pruebas registradas, varios testigos habrían declarado que Patricia Perdiguera habría sido obligada a notificarse personalmente del despido por empleados del Colegio. Y que, incluso, un episodio habría terminado en gritos, insultos y sillas revoleadas por el aire.
Una fuente cercana a Rivas afirma que su actitud cambia cuando tiene una adversaria: “Está acostumbrado a maltratar mujeres, de hecho, hasta hubo una denuncia penal en su contra. Hay situaciones de grosero apriete a trabajadores, y cuando no consigue la renuncia, procede como en el caso de Perdiguera, en inventar denuncias para justificar el despido. Pero el Colegio es una institución pública, no es correcto proceder de esta forma”.
No solo se trata de un caso de desigualdad de género sino de abuso de poder en una institución pública. No resulta de una extrañeza que continúen existiendo este tipo de situaciones en ambientes laborales conformado por hombres. El despido de Patricia Perdiguera no se trata de un caso aislado, y lamentablemente no será el último si no se pone en agenda la desigualdad laboral entre hombres y mujeres.