El gobierno nacional pretende tratar las modificaciones que afectan a la Ley 27.148 del Ministerio Publico Fiscal en Diputados. Los puntos centrales del proyecto, que ya cuenta con media sanción en senadores, son: el funcionamiento del Ministerio y el rol del Procurador General de la Nación. Ley del Ministerio Publico Fiscal
El Ministerio Publico Fiscal (MPF) se compone por el Poder Judicial y los Ministerios Públicos: Fiscal y de la Defensa. Este triangulo es esencial para cualquier proceso judicial que este sucediéndose. Dentro del sistema administración de la justicia, el MPF es fundamental e independiente del mismo. Quien esta a la cabeza del MPF es el Procurador General, cuyo rol esta puesto en consideración por la reforma que propone el gobierno nacional.
El que propone a dicho Procurador es el Poder Ejecutivo y debe ser aprobado si o si por el Congreso de la Nación. El objetivo principal del Procurador, y de quienes conforman el MPF, es perseguir el bienestar general de la sociedad. El procurador debe atender conflictos de mayor relevancia para la defensa de los intereses generales de la población. Entre estos se encuentran los delitos asociados al narcotráfico, la violencia institucional, el lavado de dinero, etc.
Todo lo mencionado anteriormente está dispuesto en la Ley 27.148 que se propone modificar. El bloque del Frente de Todos fue quien impulsó el proyecto desde un comienzo y ha generado un revuelo en todo el espectro político.
¿Qué se va a modificar de la Ley 27.148?
En cuanto a los cambios que propone el proyecto del oficialismo, hay varios punto a considerar. En primer lugar, lo que se discute es la designación del Procurador General. Es decir, se plantea que el nombramiento de este sea gracias a una mayoría absoluta de la cámara de senadores, con unos 37 votos (mayoría que está en manos del Frente de Todos). Contrariamente, la norma vigente establece la necesidad de una mayoría calificada, en otras palabras, necesitan dos tercios de los presentes. Si se siguiera con la norma que se aplica hoy, se precisan 48 votos, en el caso de que los 72 senadores estén presentes.
Con relación a la remoción del Procurador General, el articulo 76 de la Ley 27.148 es el que entraría en el centro de modificación. Actualmente, dicha Ley establece como único método de remoción al juicio político, que dispone a Diputados como la parte acusadora y a Senadores como juzgadores. Sin embargo, el proyecto oficialista busca de que se remueva de su cargo al Procurador por la siguientes motivos: mal desempeño, crímenes comunes o delitos ejercidos durante sus funciones.
Quien estará a cargo de la remoción será el Poder Ejecutivo, habiendo obtenido por mayoría absoluta el acuerdo con el Senado. Asimismo, la cámara alta puede suspender al Procurador acusado por 180 días, como máximo. En dicha situación, debe entrar en acción la Comisión bicameral de control del Ministerio Publico del Congreso Nacional.
Ahora bien, si el proyecto trata la remoción del Procurador General, también considera su reemplazo. En noviembre del 2020 se trató este proyecto en senadores, donde obtuvo media sanción y adquirió ciertos cambios en cuanto al reemplazo del Procurador. Quien se elegido por la Comisión Bicameral del Congreso para ocupar el cargo deberá ser fiscal general con 10 años de antigüedad en el cargo. El cargo de Procurador General en Argentina es vitalicio, pues no establece un plazo para el mismo, y es lo que se pretende modificar. En sus funciones, el cargo de Procurador General se limitaría a 5 años, pudiendo ser reelegido solo por un periodo más.
Si nos referimos a quienes controlan las funciones del Procurador, también encontramos pretensiones de modificación. El tribunal de enjuiciamiento, formado para controlar la conducta de los fiscales de MPF, se integra actualmente por 7 miembros. El proyecto del oficialismo pretende elevar este numero a 9 miembros.
La oposición no esta de acuerdo
Como era de esperarse, Juntos por el Cambio rechazó la propuesta del oficialismo para reformar el Ministerio Publico Fiscal. La Mesa Nacional de la Alianza Cambiemos se reunió a debatir sobre la reforma y declararon que “lo rechazamos porque su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”. Además, agregaron, “lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”.
El expresidente Macri también se opuso a la reforma y declaró “si ellos (Gobierno Nacional) llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera que diga algo contrario a lo que haga al gobierno… ahora los fiscales van a instruir, van a ser más importante que el juez”. Esto lo expreso considerando que quienes tiene la mayoría absoluta dentro de senadores para votar al Procurador, considerando las modificaciones, es el Frente de Todos.
Incluso hubo rechazo de entidades asociadas al macrismo como el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que dijo “la reforma constitucional estableció que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente”. En adición, el Foro de Convergencia Empresarial considero que el Gobierno promueve “una reforma que genera crispación y divisiones”.
El macrismo desplazó a una procuradora general durante su mandato
Recordemos también que, desde que en 2017 Cambiemos desplazo a Alejandra Gils Carbó como Procuradora General, Eduardo Casal fue nombrado en el cargo interino. Por lo tanto, desde ese momento, no se votó por quien ocuparía la titularidad del cargo. Como el fuego cruzado es cosa común en la grieta argentina, en Cambiemos dicen que la reforma pretende poner una procurador que favorezca al kirchnerismo. Asimismo, del otro lado dicen que seguir manteniendo a Casal es una estrategia de Cambiemos para garantizarle impunidad a Macri en la causa Correo Argentino.
Desde hace tiempo, se corre la voz sobre que durante el macrismo (2015-2019) existía algo conocido como lawfare. Este término se traduce como Guerra Jurídica, y se utiliza para referirse al ataque contra un enemigo usando de forma errónea procedimientos legales, aparentando legalidad. De esto se la acusa la oposición y muchos otros funcionarios creen que es poco posible que la reforma del MPF termine con el lawfare. En este sentido, Macri dijo que es “una mentira” que durante su mandato se impulsara una mesa judicial para armar causas contra funcionarios kirchneristas. Del mismo modo, el diputado Nicolas Del Caño (PTS-FIT), dijo que la reforma no democratiza el poder judicial, sino que le da más poder al oficialismo y no termina con el lawfare.
Lo que necesita el oficialismo Ley del Ministerio Publico Fiscal
Hoy en día, el oficialismo necesita 129 votos, la mayoría calificada, para que la ley salga efectivamente, lo que es bastante complicado. Entonces, una alternativa a esta situación es abrir líneas de conversación con la oposición para asegurar a Daniel Rafecas, el elegido de Alberto, como candidato al cargo. En el caso de que la ley se apruebe, Rafecas expresó “si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”. Ley del Ministerio Publico Fiscal
Asimismo, el presidente Alberto Fernández le dijo a Juntos por el Cambio que “lo mejor que podrían hacer, después de tanta desvergüenza, es ayudar, es lo que yo más les pido después de que nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas y éticas que lo recibimos”.
“Hoy no tenemos procurador porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora (Gils Carbó`), hicieron lo necesario para que renuncie y la amenazaron de mil modos”, agregó Fernández en una entrevista para C5N.
