Autor: matanza

“Vamos a demostrar que todo lo que hizo Báez como empresario fue legal y conveniente para el Estado nacional”, que lo que hizo fue “apostar por el país”. Además, que sus ganancias fueron reinvertidas en la producción, agregó. “La verdadera defraudación fue la que cometieron funcionarios públicos desde diciembre de 2015 en adelante, que echaron por tierra todo el trabajo de 12 años de democracia”, en materia de obra pública, cuestionó.

Además, en el caso de Báez, negó que haya sido para el 2015 un “cajero de banco” y repasó su historia profesional para asegurar que desde el 2000 se dedicaba a la construcción con otras empresas. Para la defensa “está demostrado que Lázaro no era un empleado bancario o un “cajero”.

El empresario era gerente del Banco de Santa Cruz y fundó Austral Construcciones en abril de 2003, cuando aún no se sabía que Néstor Kirchner llegaría a la Presidencia de la Nación, remarcó. Los fiscales “tergiversaron fechas para sostener ese cuento de la firma constituida con el objetivo de cometer delitos indeterminados y que dijeron que nació cuando ya se sabía que Néstor Kirchner iba a ser Presidente”, continuó Villanueva.

“Con intención política se utilizaría a Lázaro Báez como una forma de atacar la gestión del partido más importante de la República Argentina”, continuó el abogado ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en el debate que se realiza por videoconferencia. Villanueva anticipó que pedirá la absolución de Báez. Además, requerirá la apertura de una causa penal contra dos peritos que firmaron un informe sobre cinco de las 51 obras cuestionadas en Santa Cruz.

Se trata de Eloy Bona, del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Roberto Panizza, designado por la fiscalía. Bona tuvo “un objetivo de antemano, inventar sobreprecios. Esta causa no tenía pericias, no tenía sobreprecios y Bona los tenía que inventar”, dijo. Además el letrado reiteró que Báez fue víctima de “amenazas, aprietes y extorsiones” cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. Esto con el fin de que aceptara declarar como imputado colaborador para involucrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al iniciar el alegato a las 9.30, Vlllanueva anticipó que demostrará la “inocencia” de Báez. También reiteró que los fiscales Luciani y Mola perdieron la “objetividad”.

“El doble estándar exhibido por la fiscalía va a ser desenmascarado”, adelantó en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años por parte de los acusadores. “La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa”, agregó.

Villanueva recordó que, desde que se inició el juicio, hubo 89 audiencias con más de 90 testigos. “Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación”, expuso.

“Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa”, añadió. El abogado sostuvo que se construyó “un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo”. El defensor del empresario que recibió la acusación de beneficiarse con el 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz agregó que “lo que más” llamó la atención “es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto. Además, “ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio”.

Báez ya recibió la condena de 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero. Un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple con arresto domiciliario. El dueño de “Austral Construcciones” enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión. La misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron “prevaricato”.

La acusación contra Baez es por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”. Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados. Entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Fue con pedido fiscal de 10 años de prisión. En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

El Estado Nacional informó que contaba con 323.372 empleados al término de agosto, entre la Administración Pública, empresas y sociedades estatales o con participación estatal. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Estado Nacional cumplió con la directiva impartida por el ministro de Economía, Sergio Massa. La misma se une al congelamiento de vacantes, salvo casos de excepción.

De acuerdo con lo informado por los distintos componentes del Estado, la Administración centralizada representa el 17,8% del total, la Administración descentralizada el 40,9%. Además, la Administración desconcentrada el 7,6%, otros entes 4,8% y las Empresas y sociedades el 28% restante. En detalle, la información suministrada al Indec dio cuenta que 229.685 personas trabajan en la Administración Pública Nacional. En “Otros entes” unas 15.590; mientras que “Empresas y sociedades”, otros 93.687 trabajadores.

En la Jefatura de Gabinete trabajan 3.360 empleados, en el Ministerio de Cultura, 4.086; Desarrollo Social con 5.705; en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia 2.465. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta con 770 empleados, el de Economía con 9.964; en la cartera de Educación 1.652; el de Justicia 1.550; Mujeres, Géneros y Diversidad 1.246; Relaciones Exteriores 2.979 empleados, entre otras dependencias.

En el segmento de “Otros Entes” se encuentra el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (Incaa), con 1.029 empleados; la Comisión Antidopaje 23; el Instituto Nacional de Promoción Turística 57; el Pami 14.481 trabajadores. “Tal como me comprometí hace 59 días cuando asumimos en el Ministerio de Economía, a partir de hoy a las 16 en la página del Indec podrán ver la información de empleo público de la administración central y de las empresas descentralizadas”, indicó hoy Massa a través de la red social Twitter.

El ministro subrayó que “este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas”. Remarcó que “permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas. Salvo cuestiones operativas explicadas”. El 3 de agosto, cuando asumió, en su primera conferencia de prensa, Massa afirmó que “rige el congelamiento de la planta del Estado, pero cada jurisdicción será responsable por las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por la limitación”.

Veinte días más tarde se publicó la decisión administrativa 827/2022 en el Boletín Oficial, que dispuso que las empresas y sociedades del Estado. Así como las privadas que tengan participación estatal, deberán informar mensualmente al Indec la variación de su personal. La medida se tomó en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 426/22. Esto que estableció que “las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, individualizando las mismas”.

Por su parte, la decisión administrativa precisó que la normativa abarca a “las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. También alcanza “a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado nacional”.

En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que “los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz”.

La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de “homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa” y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge del fallo de casi 130 páginas al que accedió Télam.

En ese sentido, señaló que “quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado”.

Para la magistrada, el plan delictivo tuvo “su inicio el día 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración `25037´ en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado”.

“El día señalado Brenda Uliarte le indicó a un contacto identificado como ‘Serena’ que había adquirido un arma de fuego. Concretamente, le dijo ‘si, tengo un fierro, lo compre porque mi ex está jede’. El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como ‘Fran’, a quien le refirió ‘tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro'”.

Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.

En su teléfono se hallaron también conversaciones posteriores al ataque vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien”, se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como “Andrea”, a quien también le informaba que él mismo había aportado una pistola que no fue la que finalmente usó Sabag Montiel, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

El 2 de septiembre, el día después del ataque fallido, Uliarte y Carrizo mantuvieron una conversación que sobresale entre las tantas celebradas al rededor de aquellos días, vinculadas al plan magnicida:

– Carrizo: “¿Queres hacerlo?”.

– Uliarte: “Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando (por Sabag Montiel) no tiene mucha practica le tembló el pulso”.

– Carrizo: “Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá”.

– Uliarte: “¿Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá”.

– Carrizo: “Si saliste por todos los medios. Sos la novia”.

– Uliarte: “Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar yo sé porque te lo digo”.

En el caso de Díaz también aparecieron conversaciones incriminatorias: a ella Uliarte le decía en julio, bastante tiempo antes del atentado fallido, que tenía en mente asesinar a la dos veces exmandataria Fernández de Kirchner.

“¿Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, no?”, le preguntó entonces Díaz y luego le envió otro mensaje: “Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la vicepresidenta”. En otro intercambio de mensajes, Díaz le diría a su amiga “matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas”.

Al referirse a Díaz, la jueza sostuvo que “brindó su cooperación con posterioridad al hecho, a partir de la promesa anterior, dando consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer, a fin de que dicho plan no quede al descubierto”.

En esta causa ya estaban procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio Sabag Montiel, el hombre que empuñó y gatilló la pistola Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta, y su pareja “Ambar” Uliarte, que lo acompañó aquella noche hasta Juncal y Uruguay.

La magistrada reveló en su resolución que entre las medidas que aún se encuentran en curso está la “extracción del contenido del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel que a la fecha se encuentra en pleno curso por parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y cuyo resultado puede desembocar en nuevas imputaciones y la determinación de cursos de investigación hasta ahora no abordados”.