Se cumplen 12 años desde la última vez que alguien vio con vida a Luciano Arruga. Sus allegados hallaron sus restos 5 años y 8 meses, luego de su desaparición, enterrados como “NN” en el Cementerio de la Chacarita. Luciano Arruga justicia familia
El día que la familia nunca quiso vivir
En horas de la madrugada, de aquel sábado, el adolescente de 16 años se dirigía hacia su casa, situada en la localidad de Lomas del Mirador. Cuando fue interceptado por una patrulla de la policía bonaerense. Según informaron las autoridades, los agentes lo detuvieron, lo requisaron y posteriormente, lo dejaron ir. Sin embargo, algunos testigos relataron que los oficiales lo golpearon y obligaron a meterse al patrullero a las pocas cuadras.
En el 2014, tras años de intensa búsqueda, la familia Arruga dio con el paradero del cuerpo de Luciano. El encuentro de los restos ocurrió gracias a que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una denuncia. Las autoridades compararon las huellas dactilares del expediente con las de un “NN” que fue sepultado en el lapso de los últimos cinco años, en dicho establecimiento. De esa manera, dieron con él. La causa del deceso, así como el contexto, no quedaron del todo claras. Luciano Arruga justicia familia
De acuerdo con las investigaciones policiales, llevadas a cabo tiempo después, Luciano falleció el mismo día de su desaparición. Supuestamente, fue atropellado en la Avenida General Paz, altura Mosconi. A raíz del accidente, fue ingresado de urgencia en el Hospital Santojanni, donde falleció. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue.
A pesar de lo expuesto por las autoridades, los familiares del joven no estaban convencidos que fuera lo que realmente sucedió. Luciano Arruga justicia familia
El rol de la justicia en el caso
Tanto la madre como la hermana del fallecido, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, respectivamente, sostuvieron que se trataba de un caso de violencia institucional. Ambas declararon que Luciano les confesó que unos policías le ofrecieron robar para ellos. Debido a su negativa, habría sido asediado por los uniformados en repetidas ocasiones.
En septiembre del 2008 habría sido retenido en contra de su voluntad en el destacamento de Lomas del Mirador. Allí fue golpeado por el hasta ahora único sentenciado, teniente Julio Diego Torales, por estar presuntamente implicado en un robo. En el 2013, el intendente de La Matanza, cedió dicho espacio y lo convirtió en un lugar para recordar al joven.
Habeas corpus
En abril de 2014, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un habeas corpus con el fin de conocer el paradero de Luciano Arruga. En el comunicado, la familia expresó su descontento por las “incontables irregularidades judiciales”.
Además, en el documento, los representantes de la familia remarcaron que “las primeras obstrucciones provinieron de agentes de la Policía Bonaerense”. En principio, el pedido fue rechazado pero en julio la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal lo tuvo en cuenta. Los jueces sentenciaron: “No puede pasarse por alto que desde el inicio de la investigación, nada se supo del paradero del menor”.
El 15 de mayo del 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza, resolvió penar a 10 años de prisión a Torales. Fue considerado coautor del delito de tortura. Los siete sospechosos restantes que también eran efectivos policiales, no recibieron condena.
Familiares y amigos del adolescente consideraron “cómplices” de encubrimiento a las primeras fiscales de la causa, Roxana Castelli y Celia Cejas Martin. También al juez Gustavo Banco.
Los funcionarios judiciales delegaron la investigación al propio organismo involucrado. Además, intervinieron los teléfonos del entorno familiar de la víctima y rechazaron un hábeas corpus. Por ello, esperan que se apruebe un jury de enjuiciamiento, cuya aplicación depende de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Con él, Castelli, Cejas Martín y Banco serían investigados.
Pedido de justicia
En enero del año 2020, previo a una nueva movilización para exigir justicia, los allegados del joven expresaron su descontento: “El desempeño de los funcionarios contribuyó a la impunidad y obstaculizó el acceso a la verdad”. Y agregaron que “la búsqueda de Luciano y la investigación de la hipótesis policial estuvieron y están absolutamente paralizadas”.
A su vez, remarcaron que “la decisión de no acusar deja en soledad en la búsqueda de verdad, a quienes hace más de 11 años esperan justicia por un delito de lesa humanidad”.
El pedido de la familia y todos los vecinos de La Matanza es claro: justicia y no más impunidad ni abuso de poder por parte de las fuerzas armadas.
Por Facundo Holweger
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