El Papa Francisco incorporó modificaciones a la Constitución Apostólica para qué se castiguen los abusos “contra la dignidad de las personas”. Derecho Canónico
El pontífice reafirmó su compromiso con responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo. En esta oportunidad, el Papa Francisco modificó el Derecho Canónico para castigar con herramientas penales a los pederastas que ocupen funciones en la institución. Anteriormente estos crímenes estaban contemplados como “delitos contra obligaciones especiales”.
El nuevo canon 1398 entrará en vigencia a partir del ocho de diciembre. Este dispone que aquellos clérigos que cometan un delito contra un menor o cualquier persona con el “uso imperfecto de la razón” serán sancionados. Según la magnitud del crimen, el castigo será la privación del oficio o la expulsión del estado clerical.
En estos mismos términos, también se penalizará el reclutamiento de menores para la pornografía. También estarán afectados aquellos que adquieran, exhiban o divulguen el material ilegal. Las sanciones contemplan, además, a cualquier persona que ejerza un rol en la Iglesia, no sólo los cometidos por los religiosos.
“Cambio de época” Derecho Canónico
Aunque la sanción de los delitos sexuales implica un avance para la Iglesia, las modificaciones tomaron doce años de trabajo, según informaron los representantes del Vaticano. “No estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época”, aseguró el Papa Francisco. Si bien desde la institución buscan responder a las exigencias de la sociedad actual, los cambios dentro de la Curia, son paulatinos.
En la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei (“Alimenta el rebaño de Dios”) se introdujeron otras variaciones. En función de reforzar en todos los aspectos la transparencia de la Iglesia, también se condenarán los delitos en asuntos financieros.
La nueva legislación religiosa está centrada en prevenir estas situaciones para que se puedan corregir. Por último, desde el Vaticano, conceden el beneficio de la duda ya que según las autoridades religiosas “toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario”.