Fentanilo contaminado: la Justicia define la situación procesal de dos exfuncionarias y analiza una falla en el laboratorio Ramallo
El Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá en los próximos días la situación procesal de las exfuncionarias involucradas en la investigación por la falta de control de los lotes de fentanilo contaminados que fueron distribuidos en distintos hospitales del país. La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, busca determinar las responsabilidades por una contaminación que derivó en al menos 96 muertes y dejó a otras 44 personas afectadas en su salud.
Las principales investigadas en esta etapa son Agustina Nélida Bisio, exdirectora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, quien estaba al frente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Ambas exfuncionarias se encuentran actualmente en libertad bajo fianza, luego de que las hayan detenido en el marco de la investigación. El juez Kreplak deberá ahora resolver su situación procesal y establecer qué grado de responsabilidad les corresponde en relación con los controles que debían realizarse sobre los laboratorios involucrados.
La investigación judicial se concentra, entre otros puntos, en las condiciones en las que se produjo el fentanilo contaminado y en los controles que debían impedir que los lotes afectados llegaran al sistema sanitario. La Justicia busca reconstruir cada una de las etapas de producción y distribución para establecer cómo se produjo la contaminación y qué controles existieron antes de que el medicamento fuera utilizado en pacientes.
La manguera que quedó bajo investigación
Uno de los elementos que ahora analiza el juez Ernesto Kreplak es un incidente que ocurrió en la planta de producción del laboratorio Ramallo. Se investiga si la desconexión de una manguera de tres milímetros durante menos de cinco segundos pudo haber sido el desencadenante de la contaminación.
La hipótesis que se encuentra bajo análisis es que ese episodio habría permitido el ingreso de una bacteria al circuito utilizado para la elaboración de los fármacos inyectables. Posteriormente, los lotes contaminados fueron distribuidos a distintos establecimientos de salud, donde el medicamento fue administrado a pacientes.
La investigación intenta determinar, de esta manera, si existe una relación entre ese incidente ocurrido durante el proceso de producción y la contaminación de los lotes que terminaron provocando los casos de enfermedad y las muertes que forman parte del expediente.
El episodio de la manguera se convirtió así en una de las líneas centrales de la investigación sobre el origen de la contaminación. El objetivo de la Justicia es establecer qué ocurrió dentro de la planta de producción y, fundamentalmente, si existieron controles posteriores capaces de detectar el problema antes de que los medicamentos fueran distribuidos.
El rol de ANMAT y del INAME
En paralelo, el expediente analiza la actuación de los organismos estatales responsables de controlar la producción y circulación de medicamentos. La ANMAT y el INAME quedaron bajo la lupa por las tareas de fiscalización que tenían a su cargo durante el período investigado.
La Justicia ya había avanzado sobre esta línea de investigación y, en mayo de 2026, el juez Kreplak amplió los procesamientos en la causa e incorporó 70 nuevas muertes y 44 casos de lesiones vinculados con el fentanilo contaminado. La resolución llevó a 90 las víctimas fatales formalmente incorporadas al expediente en ese momento.
En ese contexto, la investigación sobre Bisio y Mantecón Fumadó busca determinar si hubo fallas u omisiones en los controles de los laboratorios involucrados y cuál fue el alcance de las responsabilidades de quienes tenían a su cargo esos organismos.
La causa también analiza el funcionamiento del sistema de controles sanitarios y la actuación de las autoridades frente a las irregularidades detectadas en torno a la producción y distribución del medicamento.
La investigación también alcanza al Ministerio de Salud
Otro de los interrogantes que intenta responder el expediente es si las responsabilidades por lo ocurrido podrían alcanzar al ministro de Salud, Mario Lugones, y cuánto conocía de la situación que se estaba desarrollando alrededor de los laboratorios.
La participación del Ministerio de Salud también había quedado incorporada al expediente durante el avance de la investigación. En julio de 2025, el Ministerio se presentó como querellante en la causa que tramita ante el juzgado federal de La Plata.
Con el avance de la investigación, sin embargo, el foco judicial se amplió hacia los organismos de control y las autoridades sanitarias. El expediente busca establecer si las fallas detectadas estuvieron limitadas a la producción del fentanilo contaminado o si también existieron responsabilidades vinculadas con la fiscalización y el control estatal.
En los próximos días, la decisión del juez Ernesto Kreplak sobre la situación procesal de Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó marcará un nuevo capítulo de una causa que continúa investigando las responsabilidades detrás de la contaminación del fentanilo y sus consecuencias en pacientes de distintos puntos del país.
La definición judicial permitirá establecer el rumbo de la investigación respecto de las dos exfuncionarias y determinar si deberán afrontar un proceso penal en función de las pruebas reunidas hasta el momento. Mientras tanto, la Justicia continúa reconstruyendo qué ocurrió en el laboratorio Ramallo, cómo ingresó la contaminación al circuito de producción y qué controles existieron antes de que los medicamentos llegaran a los hospitales.