Diversos representantes de pueblos y naciones originarios se movilizaron esta semana desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la Emergencia Territorial Indígena. La misma se basa en una nueva prórroga a la Ley 26.160 que tiene vigencia hasta el 23 de noviembre. pueblos originarios
Pasadas unas largas horas, los representantes fueron recibidos por autoridades del gobierno, en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados. Entre ellos estuvieron los diputados de Frente de Todos, encabezado por Juan Carlos Alderete como así también Verónica Caliva y Claudia Bernazza.
Según los referentes de los pueblos originarios, “esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitamos las comunidades”. El objetivo, es pedir el debate que debe aprobar el senado para luego enviarla a diputados.
En la reunión participaron contingentes de Neuquén, Rio negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones Santa Fe, Pica. de Buenos Aires. Señalaron “Como el problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelve definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos estas tierras”.
¿De qué se trata la nuevo prórroga? pueblos originarios
En 2006 la norma fue sancionada y en tres oportunidades tuvo prórroga con el objetivo de una emergencia territorial de las comunidades indígenas originarios del país. Además, suspenderían los desalojos que las tierras que ocupan actualmente.
“También plantearemos en el Congreso que se trate y se apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados”, enfatizaron. Por otra parte, la ley ordinaria la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.
De este modo, si no se prorroga la ley, la situación de los pueblos originarios se podría agravar ya que no contarían con una garantía legal que prohíba expulsarlos de sus territorios. Como así también, los obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho a la propiedad comunitaria indígena se vería con mayores dificultades por no contar con un relevamiento.