El gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de sus funciones a 24 efectivos policiales acusados de participar en conspiración interna para respaldar al excomisario Maximiliano Bondarenko, quien actualmente es candidato a legislador por La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. La decisión se tomó tras una investigación impulsada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, luego de recibir una denuncia anónima que advertía sobre una presunta maniobra política interna y un intento de socavar la conducción institucional de la fuerza.
La denuncia apuntaba a que los policías involucrados habrían organizado, a través de un grupo de mensajería privada, distintas acciones para mostrar apoyo explícito al excomisario, incluso con intervenciones que rozaban una posible insubordinación dentro de la estructura de la Policía Bonaerense. El contenido de esos intercambios incluía mensajes que, según la auditoría, iban más allá de la afinidad ideológica, rozando lo que desde el Ministerio calificaron como una potencial amenaza al orden institucional.
En ese marco, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, fue tajante al desmentir cualquier interpretación partidaria de la medida. “No se trata de un tema político, sino de un hecho institucional grave vinculado a la verticalidad y la disciplina que exige la fuerza policial”, señaló. La separación preventiva de los efectivos se fundamentó en la necesidad de preservar la integridad de la conducción policial y frenar cualquier intento de articulación interna que ponga en riesgo su funcionamiento.
Bullrich se alineó con Bondarenko y pidió la reincorporación de los policías
En contraposición a la postura que adoptó el gobierno provincial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó públicamente su respaldo a Maximiliano Bondarenko, al tiempo que pidió la reincorporación de los 24 efectivos que fueron apartados. “No puede ser que se persiga a quienes tienen ideas políticas diferentes o quieran apoyar a un excomisario”, sostuvo Bullrich en declaraciones difundidas por redes sociales, en las que se la vio posando junto a Bondarenko en un acto partidario.
Bullrich consideró que se trata de una “persecución ideológica” y señaló que los efectivos sancionados sólo expresaron su apoyo a un compañero que, según su visión, representa valores de orden y profesionalismo. Sectores del oficialismo provincial interpretaron el gesto como un intento de nacionalizar el conflicto y encuadrarlo dentro de la interna política más que en el plano institucional.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el grupo de Whatsapp utilizado por los efectivos contenía mensajes que hacían referencia a “acciones de respaldo político” al excomisario y, en algunos casos, a “estrategias de presión” internas que podrían ser interpretadas como un cuestionamiento directo a la actual jefatura de la fuerza. “Había mensajes dirigidos directamente a Bullrich, explicando pasos internos que estaban dando y sugiriendo apoyos concretos desde las bases policiales”, indicaron desde Asuntos Internos.
El conflicto vuelve a poner en debate la politización de las fuerzas de seguridad
Este caso reaviva el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en el escenario político y los límites que deben establecerse entre la actividad partidaria y la función pública. Desde el entorno del ministro Alonso subrayaron que la medida no busca cercenar libertades individuales, sino resguardar el principio de obediencia institucional que rige dentro de la estructura policial. “Estamos hablando de una fuerza armada, con reglas claras sobre jerarquías, conductas y responsabilidades. No puede haber dobles lealtades”, afirmaron.
Maximiliano Bondarenko, el excomisario en cuestión, mantiene una activa campaña dentro del espacio de La Libertad Avanza, apelando a discursos centrados en la “recuperación del orden” y la “dignificación de la función policial”. Su candidatura, sin embargo, se ve ahora atravesada por este conflicto que lo involucra directamente en una disputa entre jurisdicciones y modelos de gestión de la seguridad.
Mientras tanto, los 24 efectivos separados continúan bajo proceso administrativo. El Ministerio de Seguridad bonaerense anticipó que las investigaciones seguirán su curso y que podrían sumarse nuevas sanciones si se comprueba que existió algún tipo de maniobra coordinada para alterar el funcionamiento interno de la fuerza. El caso, que mezcla denuncias, redes, política partidaria y estructura policial, se convierte en un nuevo foco de tensión entre la Nación y la provincia en un tema tan sensible como lo es la seguridad pública.