Juan Pedro Martínez, un trabajador migrante y ciudadano afrouruguayo, fue deportado de Argentina luego de vivir más de 20 años en el país. Con dos hijos nacidos en territorio nacional y una vida laboral establecida, su intención era renovar el Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, al presentarse a realizar el trámite migratorio, fue informado de su expulsión por una causa penal abierta hace cinco años, sin condena firme, en aplicación del Decreto 366/2025, firmado por el Poder Ejecutivo en abril. Según las nuevas normas, cualquier antecedente penal habilita la expulsión inmediata, sin necesidad de resolución judicial definitiva.
La situación de Martínez generó una inmediata reacción de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que se trató de una medida “desproporcionada”, sin derecho a defensa y con un fuerte impacto familiar. En un comunicado, la organización sostuvo: “El caso de Juan Pedro Martínez es una muestra del modo en que se está utilizando el nuevo marco legal para disciplinar y amedrentar a la población migrante”.
El decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial el 3 de abril de 2025, introdujo modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones (N° 25.871), la Ley de Ciudadanía (N° 26.634) y a los marcos de acceso a servicios públicos. A partir de su entrada en vigencia, se restringió la posibilidad de acceder a salud y educación pública si no se acredita residencia legal vigente, se redujeron plazos procesales para apelaciones en procesos de expulsión y se habilitó la remoción de personas con causas abiertas, incluso sin condena.
Un nuevo escenario legal: más expulsiones, menos garantías
Para muchas organizaciones, el caso de Martínez no es un hecho aislado, sino un antecedente que expone las consecuencias reales de la reforma migratoria. Desde el CELS advirtieron que “el decreto rompe con principios fundamentales del derecho internacional, como el debido proceso, el interés superior del niño y la protección de la unidad familiar”. A su vez, Amnistía Internacional Argentina señaló que “las medidas implementadas refuerzan una política de criminalización de la migración, que afecta principalmente a sectores empobrecidos y racializados”.
Los datos preliminares que difundió el propio Ministerio del Interior indican que ya son más de 120 las expulsiones que se tramitaron bajo el nuevo régimen. En declaraciones públicas, el vocero presidencial defendió la norma como “una herramienta necesaria para garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana”. Sin embargo, el silencio oficial ante el caso puntual de Martínez preocupa a las organizaciones que lo acompañan. Desde MIGRAR, una red de asistencia jurídica para migrantes, señalaron que el episodio “sienta un peligroso precedente” y manifestaron que “la política migratoria actual prioriza la expulsión sobre cualquier otra consideración jurídica o humanitaria”.
A Martínez lo trasladaron a Uruguay sin posibilidad de despedirse de sus hijos, según indicó su familia. Desde el exterior, intenta reingresar al país para restablecer el vínculo con ellos, pero su situación permanece en un limbo jurídico. El Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Nacional de San Martín advirtió que este tipo de expulsiones “afectan profundamente la estabilidad emocional de los menores involucrados” y pidió que el Congreso revise el decreto por considerar que se extralimitan las atribuciones ejecutivas.
En su último comunicado, el CELS concluyó: “Los migrantes no son una amenaza. Son parte del tejido social y productivo de este país. La reforma migratoria no puede ser una excusa para violar sus derechos fundamentales”.