Este miércoles comienzan las audiencias públicas previas al tratamiento de la reforma a la ley de glaciares en la Cámara de Diputados, en un contexto de alta participación y cuestionamientos por las limitaciones impuestas al proceso. Según lo previsto, más de 80 mil personas se anotaron para exponer, aunque el oficialismo definió que las audiencias se realizarán en solo dos jornadas y rechazó extender el período.
La decisión implica que la gran mayoría de los inscriptos no podrá participar. De acuerdo a la organización establecida, cerca de 200 expositores tendrán la posibilidad de intervenir, en un esquema que combina una audiencia virtual y otra presencial.
Frente a esta situación, organizaciones sociales y ambientalistas presentaron una acción de amparo colectiva contra las restricciones impulsadas por La Libertad Avanza. El reclamo apunta directamente a la limitación en la cantidad de oradores y al formato definido para el debate.
El proyecto del Gobierno, que ya cuenta con media sanción y ahora será tratado en Diputados, propone modificaciones clave en la normativa vigente. Entre los cambios más relevantes, busca eliminar la protección de las áreas periglaciares para habilitar el desarrollo de proyectos mineros en esas zonas. Además, plantea que la regulación de estas actividades quede bajo la órbita de las provincias.
Desde sectores que se oponen a la iniciativa advierten sobre sus posibles consecuencias ambientales. Uno de los principales argumentos señala que la modificación podría afectar el caudal de agua no solo en las zonas donde se encuentran los glaciares, sino también en provincias cercanas, generando un impacto más amplio en los recursos hídricos.
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