El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su disconformidad con la suspensión de cuatro diputados radicales que respaldaron el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria. La decisión la tomó la mesa directiva de la Convención Nacional de la UCR, generando críticas tanto de Cornejo como del jefe del bloque UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo.
Cornejo señaló que la medida es equivocada y pidió a la dirigencia del partido que no se convierta en la voz de una facción interna. La suspensión de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi la evaluara el Tribunal de Ética del partido, mientras dure la investigación.
El mandatario mendocino subrayó que esta decisión afecta negativamente la posición del partido, llevándolo a una minoría sin peso electoral. Además, criticó la conducción de la UCR por no representar la voluntad de la mayoría de los simpatizantes radicales, que apoyaron el rumbo del país en las últimas elecciones.
Rodrigo de Loredo, por su parte, calificó la suspensión como inédita e irresponsable, señalando que los bloques en Diputados y Senadores ya han mostrado disidencias en otras ocasiones sin consecuencias similares. Consideró la medida como una muestra de parcialidad selectiva que no afecta directamente la unidad del bloque radical en la Cámara Baja.
En la misma reunión, se discutió la situación de otros dos diputados radicales:
Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron en el debate sobre la ley de movilidad jubilatoria. La votación en la mesa directiva fue de 11 a 1 para remitir estos casos al Tribunal de Ética.
Cornejo concluyó que el partido no debe actuar como una secta, sino como una fuerza nacional con vocación de mayorías. También insistió en que la conducción debe reflejar la pluralidad de miradas dentro de la UCR, respetando el consenso.
El caso generó un amplio debate dentro del partido, poniendo en evidencia las tensiones internas sobre la conducción y el rumbo del radicalismo en un contexto político cada vez más polarizado.
