En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados definió que convocará a declarar a Karina Milei antes de fin de mes. La secretaria General de la Presidencia deberá presentarse el martes 23 o el martes 30 de septiembre. En caso de no acudir al Congreso, las autoridades de la comisión —que hasta el momento integran Ferraro y Marino, con la vicepresidencia vacante— barajan la posibilidad de tomarle testimonio en Casa Rosada o darle la chance de fijar una fecha, con un límite que no supere la primera semana de octubre. Si tampoco se concreta en ese plazo, avanzarían con un reclamo judicial para habilitar el uso de la fuerza pública.
Las sospechas sobre Karina Milei surgieron a partir de la investigación estadounidense, que la señaló como la funcionaria que permitió el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024. En ese marco, se conocieron mensajes en los que Davis se atribuía influencia sobre el Presidente: “Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero”. Según confirmaron múltiples fuentes del Gobierno nacional, Karina Milei no tiene previsto asistir a ninguna citación.
En la primera jornada de citaciones hubo ausencias relevantes.
Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), no se presentaron. “Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso”, sostuvo la diputada Sabrina Selva.
Melik había determinado en su dictamen que Javier Milei difundió \$LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que “no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project’”. Por esta decisión, en julio fue denunciado por “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.
Zicavo, en tanto, consideró que “una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas”. La exresponsable de la UTI, que funcionó solo tres meses y fue cerrada por el Ejecutivo, ocupa actualmente el cargo de jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.
Durante la reunión también declaró Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien cuestionó el cierre prematuro de la investigación. “Fue prematuro el cierre de la investigación” y “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública del Presidente de la Nación”, sostuvo. Y agregó: “Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. \[…] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir que se sepa qué pasó en un caso de corrupción”.
La comisión también resolvió enviar oficios a las billeteras virtuales en las que se abrieron cuentas vinculadas a los argentinos involucrados en la causa.
Además, se conformó una subcomisión integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario.
En la reunión solo participaron dos legisladores aliados del oficialismo: Yolanda Vega, que expresó en los últimos encuentros su interés en esclarecer lo ocurrido, y Mariano Campero, que se ha mostrado distanciado de La Libertad Avanza en torno a este tema.
