En un operativo de allanamiento que generó gran repercusión, la Justicia Federal allanó las instalaciones de HLB Pharma Group S.A., un laboratorio ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, partido de San Isidro, en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos oficiales. El procedimiento, autorizado por el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, apunta a obtener pruebas clave sobre el mecanismo que la firma habría empleado para conseguir su inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), un requisito indispensable para importar fentanilo y otros precursores químicos de alto impacto.
El allanamiento fue ejecutado por agentes de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, junto con personal de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad.
La tarea incluyó el secuestro de documentación tanto en soporte físico como en medios digitales, vinculada directamente con el trámite de inscripción de la empresa ante el RENPRE. Durante varias horas, los investigadores incautaron certificados apócrifos, actas administrativas y archivos digitales almacenados en diferentes sectores del edificio, buscando reconstruir paso a paso la ruta de las presuntas irregularidades cometidas.
El origen de la causa se remonta a la denuncia presentada por Walter Federico Klix, director nacional de la Dirección Nacional de Precursores Químicos, quien acusó a HLB Pharma Group S.A. de haber incurrido en delitos previstos en los artículos 44 y 44 bis del Código Penal, referidos a la tentativa de falsificación de documentos. Según la investigación, la compañía habría presentado un certificado de habilitación expedido supuestamente en diciembre de 2023 por la Municipalidad de San Isidro, el cual sería falso.
La confirmación de esta irregularidad se dio cuando las autoridades municipales afirmaron: “El municipio no tiene registro de haber entregado la constancia que se envió vía correo electrónico. Del expediente de habilitación no surge pedido de HLB Pharma Group S.A. para extender constancia alguna”. Con esta respuesta oficial, el trámite de inscripción de la firma ante el RENPRE fue rechazado, sumando un elemento determinante a la acusación. El expediente también contempla la posible existencia de otros hechos ilícitos que aún son materia de análisis.
Un antecedente marcado por el fentanilo contaminado
El caso de HLB Pharma no surge en un vacío judicial. El 22 de mayo pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó una disposición que prohibió en todo el país el uso, la distribución y la venta del producto Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo. En el mismo acto, la ANMAT ordenó la inhibición total de las actividades productivas tanto de HLB Pharma Group S.A. como de Laboratorios Ramallo S.A., fabricante del producto.
La medida se adoptó después de que se registraran 90 casos de pacientes afectados por fentanilo contaminado, de los cuales 51 fallecieron y otros 20 permanecen bajo estudio por la posible misma causa. El impacto sanitario de esta situación encendió todas las alarmas, no solo en el sistema de salud sino también en los organismos de control y en la justicia federal, que avanzó con varias líneas de investigación.
Actualmente, el Juzgado Federal en lo Penal y Criminal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, lleva adelante el expediente que indaga sobre estos fallecimientos. Según las pericias iniciales, el fentanilo de uso clínico involucrado estaba contaminado al menos con dos bacterias peligrosas: Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii. La elaboración de este producto se atribuyó a Laboratorios Ramallo y a HLB Pharma Group S.A., lo que profundizó la sospecha sobre los procesos internos de control y habilitación en ambas firmas.
La combinación de estos antecedentes sanitarios y las nuevas acusaciones por presunta falsificación de documentos configura un panorama judicial complejo para HLB Pharma.
La investigación no solo busca determinar responsabilidades penales por la documentación apócrifa, sino también esclarecer si hubo un patrón de irregularidades que conecte ambos episodios.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando, con la expectativa de que en los próximos días se incorporen nuevas pruebas y testimonios clave que permitan esclarecer el alcance real de las maniobras investigadas.
