Este mediodía, Manuel García-Mansilla formalizó su renuncia al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. Su salida se produce en el marco de una fuerte disputa institucional, luego del contundente rechazo a su pliego en el Senado y de una cautelar judicial que le impedía seguir firmando resoluciones.
El abogado y profesor universitario había asumido el 27 de febrero, tras ser designado en comisión por el Poder Ejecutivo a través del decreto 137/25. Su breve paso por el máximo tribunal culmina en un contexto de elevada tensión política y jurídica. Con su renuncia, la Corte vuelve a quedar integrada por solo tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La carta enviada a la Casa Rosada comienza con una reflexión sobre la motivación que lo llevó a aceptar el cargo:
“Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. Ante esa anomalía institucional se le sumó una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también cubrirse sin dilaciones.”
A lo largo de la misiva, García-Mansilla expone los motivos que lo llevaron a aceptar el nombramiento, defiende su designación en comisión, critica la demora del Senado en tratar los pliegos y cuestiona la judicialización de su caso.
“A partir de la misma convicción -agrega la carta- con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema.”
*Rechazo legislativo y cautelar judicial*
El jueves anterior a su renuncia, el Senado rechazó su pliego con 51 votos negativos y solo 20 afirmativos, lo que intensificó las presiones para que diera un paso al costado. Ese mismo día, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que lo obligaba a abstenerse de firmar fallos y resoluciones administrativas por 90 días, hasta que se resolviera la validez del decreto que lo había llevado al tribunal.
El abogado Jorge Rizzo fue quien realizó la presentación judicial que dio origen a la cautelar junto a el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes consideraron que su designación afectaba la independencia del Poder Judicial. Ramos Padilla basó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional y remarcó:
“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”.
Desde el oficialismo, en tanto, se respaldó el decreto de designación. El Gobierno recurrió el fallo a través de un recurso de “per saltum” ante la propia Corte, con el objetivo de que el máximo tribunal interviniera directamente en la controversia. Sin embargo, los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz no habrían mostrado disposición a avanzar con ese pedido, dejándolo cada vez más aislado.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también salió en defensa de la designación y sostuvo públicamente que “no existía ningún artículo en la Constitución que obligara a García-Mansilla a renunciar en estas condiciones”.
Por su parte, García-Mansilla había presentado un escrito ante el juzgado de Ramos Padilla en el que defendía la legalidad de su cargo y sostenía que cualquier remoción debía pasar por un proceso de juicio político.
Un precedente institucional
El paso fugaz de García-Mansilla por la Corte reavivó el debate sobre la constitucionalidad de las designaciones “en comisión”. Aunque algunos sostienen que el rechazo del Senado no implica una remoción automática, la medida judicial y la falta de respaldo político abrieron un frente legal que ponía en duda la validez de sus actos, especialmente los fallos firmados desde que su pliego se rechazó.
En este contexto, el juez Ricardo Lorenzetti fue claro en su postura. En una entrevista radial, se refirió a la situación con firmeza:
“Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.
Además, reivindicó la institucionalidad del máximo tribunal más allá de sus integrantes: “*La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones*”.
La renuncia de García-Mansilla deja abierta una serie de interrogantes sobre cómo deben manejarse las vacantes en la Corte y qué límites tiene el Ejecutivo para cubrirlas sin el aval del Congreso. Su caso ya marca un punto de inflexión en la discusión sobre el equilibrio de poderes y la interpretación del artículo 99 de la Constitución Nacional.
