

La inflación en Argentina retomó su ritmo ascendente, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2.5% en noviembre respecto de octubre, mientras que en la comparación interanual alcanzaron 31,4%. En los primeros once meses del año, la suba acumulada llegó a 27,9%, lo que confirma un escenario inflacionario persistente y con presiones en distintos rubros de consumo.
Estas cifras refuerzan la preocupación por el costo de vida, ya que la inflación mensual y la variación interanual continúan condicionando la capacidad de compra de los hogares. La dinámica inflacionaria se consolidó como uno de los principales factores que moldean la economía cotidiana y las expectativas de los consumidores.
Según el informe oficial, la división que más aumentó en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza mensual de 3,4%. Este rubro suele tener un impacto significativo en la estructura de gastos familiares, debido al peso que representan las tarifas y los servicios básicos en el presupuesto mensual.
En el extremo opuesto, el sector con menor variación del mes fue Prendas de vestir y calzado, con un incremento de apenas 0,5%. Este comportamiento está en línea con los datos que el organismo difundió esta semana sobre la producción del sector, donde se registró la mayor caída interanual dentro del relevamiento industrial. La desaceleración de precios en indumentaria refleja, en parte, la contracción en la actividad del rubro y el ajuste en los niveles de oferta y demanda.
El impacto de la inflación también se ve reflejado en los valores de la Canasta Básica Total (CBT). De acuerdo con el INDEC, un hogar de cuatro integrantes necesitó 1.257.329,03 pesos para superar el umbral de pobreza en noviembre. Esto implica una suba del 3,6% respecto de octubre y un incremento del 25,5% en términos interanuales.
Estos números muestran cómo la suba de precios erosiona la capacidad de compra de las familias y condiciona el acceso a bienes y servicios esenciales. La actualización de la canasta básica se convirtió en un indicador clave para evaluar la evolución del poder adquisitivo y la vulnerabilidad económica de los hogares.
Las cifras de noviembre confirman que la desaceleración inflacionaria enfrenta obstáculos y que distintos factores —ajustes de tarifas, variaciones estacionales y dinámica de costos— continúan presionando sobre el nivel general de precios. Para los próximos meses, economistas y consultoras anticipan entonces que el comportamiento de los servicios regulados y la evolución del consumo serán determinantes en la trayectoria del IPC.
En un contexto de ingresos que corren detrás de los precios, la actualización de los indicadores oficiales permite dimensionar la situación económica de las familias y su capacidad de afrontar gastos básicos. Mientras tanto, la política económica seguirá bajo la mirada de especialistas, empresas y consumidores, atentos al rumbo de la inflación y su impacto en el bolsillo.