El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé una asignación de $67.104 millones para el Programa Políticas Alimentarias, una reducción del 15.8% en comparación con los $79.700 millones que se destinaron en 2025 a la asistencia de comedores comunitarios. La disminución de los fondos se da en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda alimentaria, según advierten organizaciones sociales y referentes del sector.
Una nota de la periodista Agustina Bordigoni publicada en Perfil da cuenta de la situación que atraviesan los comedores populares, donde cada vez más personas recurren en busca de alimentos, mientras los recursos disponibles se reducen. La combinación entre ajuste presupuestario y mayor necesidad social profundiza las tensiones en los territorios más vulnerables.
De acuerdo con el proyecto oficial, el recorte impacta directamente en el Programa Políticas Alimentarias, que incluye iniciativas destinadas a sostener el funcionamiento de comedores y merenderos comunitarios en todo el país. Estos espacios cumplen un rol clave como red de contención frente al deterioro de los ingresos y el aumento del costo de vida, especialmente en barrios populares.
En este escenario, durante la última semana la Justicia habilitó la feria judicial para tratar un pedido presentado por el CELS y la UTEP, que reclaman que no se interrumpa el proceso de relevamiento e inclusión de comedores dentro del plan Alimentar Comunidad. Las organizaciones solicitan que se garantice la continuidad administrativa del programa para evitar que nuevos espacios queden excluidos de la asistencia estatal.
El planteo judicial apunta a sostener el mecanismo de incorporación de comedores que todavía no reciben apoyo formal, en un contexto en el que la demanda crece y las capacidades locales resultan insuficientes para absorberla.
Ante este reclamo, el Ministerio de Capital Humano respondió ante la Justicia que una asociación civil agrupada dentro de la UTEP no firmó los convenios necesarios para garantizar la incorporación de nuevos comedores al programa. Según el planteo oficial, esa falta de firma impide avanzar con la formalización de los espacios pendientes de inclusión.
La situación abre un escenario de incertidumbre respecto del futuro inmediato de la política alimentaria, en momentos en que los indicadores sociales reflejan una mayor presión sobre los comedores comunitarios. Mientras el Presupuesto 2026 avanza con una reducción de fondos, el debate judicial y administrativo sigue abierto y será clave para definir si el Estado amplía, sostiene o limita el alcance de la asistencia alimentaria en los sectores más afectados.
Por ahora, el desarrollo del conflicto queda sujeto a la resolución judicial y a eventuales definiciones políticas sobre el destino de los programas alimentarios en el próximo año.
