El presidente de la Nación Alberto Fernández informó este lunes que denunciará a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lo acusó de “querer tener un retorno” por la compra de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Tanto el gobierno nacional como el laboratorio norteamericano desmintieron a la referente opositora: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos”, comunicó la farmacéutica.
Las declaraciones involucran al jefe de Estado y al ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García. “Este gobierno decidió que siguiesen las muertes en la Argentina por no comprar una vacuna con las condiciones no éticas que planteaba el ministro Ginés González García. Por algo el presidente dijo ‘se me va un amigo’. Eso el presidente no lo ignoraba”, acusó el domingo la líder de Propuesta Republicana (PRO), en diálogo con LN+.
Por su parte, Fernández negó junto a Pfizer las aseveraciones, a las que calificó como una “vergonzosa difamación”, y adelantó que presentará la denuncia la próxima semana. Será por el delito de calumnias e injurias, que prevé como pena una multa financiera o la posibilidad de rectificación de los dichos. Sin embargo, Bullrich no dio marcha atrás: “ratifico total y absolutamente”, insistió luego de conocer la judicialización.
En julio de 2020, el presidente recibió en Casa Rosada al gerente general de Pfizer Nicolás Vaquer y al director científico de la fundación INFANT Fernando Polack. En la reunión se confirmó que la Argentina sería el primer país de América Latina donde se probaría la vacuna contra el Covid-19 que la farmacéutica estaba aún desarrollando. Ya en diciembre, mientras los laboratorios comenzaban a proveer dosis, las negociaciones del gobierno nacional con la empresa norteamericana se truncaron. Eventualmente el país acabó comprando vacunas de otros fabricantes.
Las recientes acusaciones de Bullrich se refieren a esa negociación fallida. De acuerdo a la referente de la oposición, fue el entonces ministro González García quien pidió “un intermediario como Hugo Sigman” entre el Estado nacional y Pfizer. Sigman es el fundador del laboratorio argentino mAbxience, donde se produce parte de la vacuna de AstraZeneca y Oxford. De la misma manera, según la presidenta del PRO, el gobierno habría intentado que el empresario fuera una suerte de “socio local” de Pfizer en Argentina.
“Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna”, denunció Bullrich. “No tengo la menor duda”, continuó; “eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de nuestra nación”. Y añadió: “si llaman a los de Pfizer Argentina y a los de Pfizer Estados Unidos ellos van a decir la verdad”.
“Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”, informó el laboratorio en respuesta. El comunicado se emitió menos de 12 horas después de las declaraciones de la ex ministra de Seguridad. Además, Pfizer aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna”. En su página web, agregó que no comercia con socios locales sino “únicamente con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales”.
Sobre la tarde del lunes, Alberto Fernández dio a conocer que presentará la denuncia por calumnias e injurias. “Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas”, relató vía Twitter. “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba”, sostuvo.
Fernández amplió sus postura en diálogo con Radio 10. “Lo que dice es falso. Nunca nadie pidió sobornos ni nada parecido”, afirmó. Asimismo, aseguró: “Voy a ir personalmente yo y la voy a denunciar civilmente”. “Que me critiquen es parte de la democracia; que me difamen, no”, señaló el Jefe de Estado, y cerró: “La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”
También Ginés González García realizó declaraciones a la radio. “Quiero una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario”, contó quien fuera titular de la cartera de Salud. Además, criticó a Bullrich por lanzar las acusaciones “metiéndose nada menos que con el honor de la persona y sin ni siquiera dar la mínima prueba”. Fernández lo defendió durante su entrevista: “Ginés es un hombre de bien que no merece ser tratado de ese modo”.
Las calumnias e injurias forman parte de los conocidos como delitos contra el honor, que afectan el prestigio, la dignidad o la reputación de las personas. Para preservar los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación, las calumnias e injurias son penadas con multas económicas que el acusado puede quedar exento de pagar si elige retractarse públicamente de sus dichos.
El artículo 109 del Código Penal establece que la calumnia es la “falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública”. Por otro lado, según el artículo 110, incurre en injurias “el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada”.
Como se ve, Bullrich podría optar por retractarse de sus declaraciones como forma de arrepentimiento frente a los afectados – aquí, presumiblemente, Alberto Fernández y Ginés González García (habrá que esperar a la presentación de la denuncia para confirmarlo). De esa manera, si el juzgado la encontrara culpable, la presidenta del PRO quedaría libre de pena.
Bullrich eligió no rectificar sino ratificar “total y absolutamente” sus dichos. En nuevas declaraciones a LN+, la referente de la oposición alegó que lo informado por Pfizer “es exactamente así”. Pero también agregó: “ese contrato no se firmó porque le pidieron esa condición de tener un socio, que era el que le garantizaba a Ginés González García y a su séquito tener este ducto de dinero”.
Desde sus acusaciones iniciales el domingo, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri dialogó con el canal televisivo otras dos ocasiones. En la más reciente, el martes por la noche, argumentó: “todos sabemos que el socio argentino lo que hace es el papel que hicieron Lázaro Báez y Cristóbal López en otros momentos de la historia argentina”. “Es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista”, criticó.
Aún no aportó evidencia, pero postuló que “la gran prueba que existe es que ese contrato no se firmó” y que “hay fuentes periodísticas que ratificaron lo que yo estoy diciendo”. Además, afirmó: “yo no voy a delatar a las personas o a los nombres que deben ser llamados a la justicia”. Pero sostiene que desde el gobierno “no le pidieron una coima a Pfizer”.
