A solo dos semanas de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la cuenta regresiva obliga a los partidos a impulsar sus estocadas finales. La jugada de la oposición se apega al aún reciente Olivos Gate, que seguiría beneficiando electoralmente a Juntos por el Cambio, según encuestas. Ante las fuertes críticas al presidente, el oficialismo mandó a estrechar filas bajo un singular e imprevisto mote: “Para Alberto, la reelección”.
El contexto no favorece al gobierno: basta con ver estudios sobre el rendimiento electoral del oficialismo. Por ejemplo, el sondeo que realizó Management and Fit señala una caída que llega a 1 de cada 5 votantes perdidos tras Olivos Gate. A ello se suma que parte de Juntos por el Cambio aboga por la idea contraria al Frente de Todos: que el mandato de Alberto Fernández termine a los dos años, juicio político mediante.
Se impulse o no la destitución -y, es sabido, no prosperaría porque carece del apoyo necesario-, la causa por Olivos Gate avanza en Tribunales. Ya suma la imputación del presidente, efectiva anoche. El gobierno debe enfrentarla con ingenio para mantener los puntos de imagen positiva del presidente y que los votos no sigan cayendo. Con ese objetivo se alinearon muchos funcionarios durante las últimas horas, en común acuerdo por alentar los ocho años de gestión.
Hace una semana se reunía en el Museo del Bicentenario todo el gabinete de gobierno por primera vez desde que Fernández es presidente. Solo días después del cónclave ministerial, varios titulares compartieron el mismo plan: “para Alberto, la reelección”. Coincidencia o no, aquella reunión, nunca vista en lo que va del mandato, dio el puntapié inicial para la defensa mancomunada de la gestión.
La línea de tres la conformaron los ministros de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi, de Desarrollo Social Juan Zabaleta y de Seguridad Sabina Frederic. Arrancó el primero, en diálogo con Radio La Red el martes: “Los procesos de la Argentina son de ocho años”. Vaticinó que “Alberto sin dudas será el que en mejores condiciones esté de ser nuestro candidato en el 2023”. De paso, sumó que se vienen “ocho años de Axel en la Provincia de Buenos Aires”.
“Juanchi” Zabaleta, flamante jefe de la cartera de Desarrollo Social, se expresó en la misma línea ayer. “Un gobierno tiene éxito cuando existe la posibilidad de estar cuatro años más”, defendió en una entrevista a La Nación. El mismo día se unió Frederic, afirmando que ocho años “son necesarios para consolidar políticas”, según contó a El Destape. Sin embargo, la ministra interpuso un manto de cautela: “Todo depende de factores que no son ni de Ferraresi, ni de Zabaleta, ni míos”.
La iniciativa reverberó en varios sectores del oficialismo a nivel nacional. También a El Destape, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, ahora precandidato a diputado por Buenos Aires, declaró que “necesitamos procesos de ocho años en Argentina”. Al mismo medio se sumó el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, quien recibió a Fernández para un acto este miércoles. “Tenemos que estar todos juntos, tiene que ser reelegido”, sostuvo.
Ya un puñado de consultoras reportaron sondeos desfavorables para el gobierno tras Olivos Gate, de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre. A la citada Management and Fit se suman Synopsis, comunicadas por Clarín; la de D’Alessio IROL en conjunto con Berensztein, que informó Grupo Provincia; y un seguimiento de “fuentes oficiales” según La Nación. A grandes rasgos, todas concluyen un descenso en la imagen positiva de Alberto Fernández así como una fuga de votos oficialistas a otros partidos.
Aunque a priori ninguna encuesta evidencia una derrota para el Frente de Todos, el gobierno entiende que ese no es motivo suficiente para despreocuparse. Por eso puso en marcha una marcada avanzada de la campaña que se caracteriza por fortalecer a viva voz la defensa de la gestión. La táctica también involucra subir al ring al expresidente Mauricio Macri, como lo hizo Fernández esta semana. El lunes, desde San Juan, acusó: “Todavía habla, es muy impresionante”; y el miércoles, ahora en Catamarca, catalogó su gobierno como “una pandemia política”.
Asimismo, el “operativo rescate” sumó una nueva pata en las últimas horas – una relativa a Olivos Gate, en pleno avance del proceso judicial que encuentra imputado al presidente. Es que Fernández determinó que donará la mitad de su sueldo durante cuatro meses, unos $630.000 en total, al Instituto Malbrán. La jugada contempla el sobreseimiento del mandatario, conforme lo solicita en la presentación que realizó ayer al tribunal. Así, a la estrategia política se le agrega una judicial cuyo fin es salir del litigio legalmente ileso.
Los sueldos que ofrecerá el presidente al Malbrán no son sino un resarcimiento simbólico. Él mismo consideró que Olivos Gate “se convirtió en una cuestión ética”, según recogió Infobae. Allí queda clara la postura de Fernández: “Desde el punto de vista penal, no hay nada”. Un argumento similar deslizaron el mandatario y su equipo al fiscal Ramiro González en el juzgado número 7 de Sebastián Casanello.
El objetivo es que Fernández sea sobreseído. “Como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal”, justificó el presidente, de acuerdo con Infobae. Por su parte, la presentación que realizó al juzgado explica: “En ningún caso se concretó el contagio” propio o de terceros. De allí que “no se ha creado ningún peligro concreto de propagación del virus”, tratándose de un “delito de peligro abstracto”.
La estrategia de la defensa se basa en un antecedente muy similar al caso de Olivos Gate. Se remonta a junio de 2020 e involucra al exdiputado Facundo Moyano, quien mantuvo una reunión con seis personas cuando regía un estricto confinamiento. El caso aterrizó en manos del mismo fiscal que imputó al presidente este jueves. En ese momento, González cerró la denuncia contra Moyano favoreciendo el mismo argumento que ahora Fernández presenta.
Entonces, el fiscal falló que “la falta absoluta de peligro en el caso concreto impide su punibilidad”. El dictamen continúa: “No existen elementos probatorios que acrediten que las personas que visitaron el domicilio de Moyano hayan estado afectadas por el virus”. Desde la presidencia esperan que la resolución de González no pique demasiado lejos de aquella. Un débil rendimiento electoral en la primera prueba de Fernández ante las urnas podría frustrar los ocho años de mandato apenas en el segundo.
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