Después de casi tres años detenido, la Justicia Federal concedió la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado desde el inicio de la investigación como el “jefe de la banda de los Copitos” en el marco del juicio por el atentado de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se tomó luego de que tanto la Fiscalía como la querella resolvieran retirar sus acusaciones en su contra, al no encontrar pruebas suficientes para sostener su responsabilidad en el hecho. En consecuencia, Carrizo será absuelto en la etapa final del proceso, aunque deberá cumplir con una serie de condiciones mínimas hasta que se dicte formalmente el fallo.
Carrizo permaneció privado de su libertad durante dos años y once meses en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz. Durante ese tiempo, la sospecha principal lo ubicaba como partícipe secundario, bajo la hipótesis de que había entregado un arma a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los principales imputados por el ataque. Sin embargo, en el alegato de la fiscal general Gabriela Baigún quedó claro que “no se ha podido acreditar que Carrizo hubiera tenido bajo su disponibilidad un arma de fuego, fuera cual fuera”. A pesar de la circulación de mensajes de WhatsApp en los que parecía autoincriminarse, la investigación judicial no logró probar su participación material ni su conocimiento previo sobre el plan para asesinar a la expresidenta.
El abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, presentó inmediatamente un pedido de excarcelación ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, quienes finalmente aceptaron la solicitud. Según trascendió de fuentes del caso, Carrizo regresó a su hogar familiar durante la madrugada, tras que lo liberaran de la prisión.
La posición de la querella y las palabras de Cristina Kirchner
La postura de la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, coincidió con la de la fiscalía. Ambos remarcaron que no existen pruebas que justifiquen mantener a Carrizo en el banquillo. En su exposición, citaron expresamente la posición de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la causa: “Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aun viviendo todo eso nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo no lo acusen’”. Para los representantes de la querella, ese criterio fue determinante para pedir que Carrizo quedara fuera de la acusación en la recta final del debate.
En ese marco, el Tribunal le impuso ciertas condiciones para garantizar su disponibilidad judicial hasta que se confirme su absolución: fijar un domicilio, no ausentarse más de 24 horas sin autorización y concurrir a la sede judicial cada vez que lo citen. Estas medidas preventivas responden a la necesidad de preservar la continuidad del juicio, cuyo próximo tramo está previsto para el 10 de septiembre, cuando seguirán las audiencias en las que se definirá el destino de los principales imputados.
El alegato de la fiscalía contra Sabag Montiel y Uliarte
En la misma jornada en la que se resolvió la situación de Carrizo, la fiscal Gabriela Baigún presentó su alegato contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Solicitó penas de 15 y 14 años de prisión respectivamente, acusándolos de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el uso de arma de fuego. La fiscal sostuvo que el ataque no fue un hecho aislado sino “una decisión que ambos adoptaron previamente” con el propósito de “impedir que siga desarrollando su vida política”.
Según la acusación, aunque Sabag Montiel fue quien apuntó y gatilló, Uliarte tuvo un rol clave como partícipe necesaria, al haber planificado y apoyado el atentado hasta último momento en la esquina de Juncal y Uruguay. Para Baigún, el plan se nutrió de “una serie más amplia de contribuciones de índole motivacional plasmadas en las conversaciones entre ambos y en los posicionamientos políticos de la nombrada, que mediante la exacerbación de la virulencia y el odio que Sabag tenía contra Cristina Fernández, reforzaron su voluntad de asesinarla hasta un punto de no retorno”.
La fiscal también solicitó unificar estas eventuales condenas con otras penas previas que ambos ya cumplen.
De esta manera, pidió que Sabag Montiel enfrente una condena total de 19 años de prisión, sumando los 15 años solicitados a la pena de cuatro años y tres meses que ya purga en otra causa. Para Uliarte, en tanto, la solicitud asciende a 14 años y dos meses, contemplando un año adicional que recibió en un proceso paralelo por falsificación de DNI.
Con estas definiciones, el juicio entra en su etapa crucial. Mientras Carrizo quedó a un paso de la absolución, las miradas se concentran ahora en el futuro judicial de Sabag Montiel y Uliarte, acusados de haber planificado y ejecutado el ataque contra la entonces vicepresidenta de la Nación.