El proyecto de modificaciones de la Ley N° 27.453 de Integración socio-urbana de Barrios Populares, que plantea extender la prohibición de desalojos, se sancionó este miércoles en la Cámara de diputados. La iniciativa obtuvo 227 votos a favor de parte del oficialismo y la mayoría de las fuerzas de la oposición, incluido Juntos por el Cambio; 2 en contra y 3 abstenciones.
El debate comenzó en torno al proyecto de modificaciones al régimen de regularización dominical para la integración socio urbana. La misma fue sancionada en Octubre de 2017 y tiene la finalidad de mejorar la infraestructura de los barrios populares. Además debe asegurar que su población acceda a la propiedad de sus viviendas.
El gobierno nacional impulsó la iniciativa con el propósito de prorrogar la suspensión de los desalojos de los barrios populares por diez años más, en el marco de la implementación de la ley y bajo el amparo del derecho a la vivienda. Finalmente, con 227 votos a favor,2 en contra y 3 abstenciones lo tanto se aprobó el proyecto de modificaciones la ley discutida.
Quienes pertenecen a la integración socio-urbana
Las zonas afectadas por la integración socio urbana son los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Estos sectores cuentan con algunas características, tales como, que están integrados por ocho o más familias. Otro factor es que más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo. Asimismo, aquellos en los cuales mas de la mitad de la población no tiene acceso regular a 2 o más servicios básicos.
El proyecto está introducido en un contexto donde “hoy estos barrios populares, el 68% de la mayoría de los habitantes, no accede a servicios de energía eléctrica, el 89% no accede a la red de agua corriente, el 98% no accede al servicio de red cloacal y el 99% tampoco accede a red de gas natural”, afirmó la diputada porteña de Frente de Todos, Natalia Souto.
Por su lado, la diputada nacional de FDT, Natalia Zaracho, oriunda de Villa Fiorito, mostró ante todos su obtención de certificado de vivienda para demostrar lo importante que es tener un domicilio, porque sin él, “el correo cuando no llega, tampoco la ambulancia, el patrullero, la escuela o la salud, no llegan”, explicó. La cláusula no es solamente una ley, “es una política pública que garantiza derechos, garantiza tierra, techo y trabajo”, manifestó Zaracho.
En la misma línea, el diputado nacional, Juan Marino, sostuvo que gracias al financiamiento del decreto “los vecinos y vecinas de barrios populares han logrado tener una conexión eléctrica, acceso al agua, mejoramiento de sus calles, cloacas y lograr construir un baño, un techo y el piso de la casa”. Sin embargo, en estos sectores casi marginados “hay hambre y hay trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes. Ha aumentado la indigencia en nuestro país, eso significa que hay personas que ni siquiera llegan a comprarse la comida”, explicó Marino.
La sesión en Diputados
Otros temas que se trataron durante la jornada fueron: la promulgación de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que trata sobre beneficios fiscales para los nuevos emprendimientos. Por otro lado, se sancionaron cambios a la Ley 20.744 de Régimen de contrato de trabajo. Finalmente, también se promulgó la cláusula N° 23.789 que decreta el servicio de carta documento y telegrama gratuitos.
La sesión inició con el anuncio de la renuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien tomará hoy el cargo de ministra de Desarrollo Social. En su reemplazo fue elegida por el distrito de Buenos Aires Micaela Morán, dirigente massista del Frente De Todos y exfuncionaria del ministerio de Transporte. Dictó juramento ante todos los diputados presentes, siendo testigos de su incorporación oficial al cuerpo legislativo.
La sesión siguió con un momento destinado a homenajear el Día de la Diversidad Cultural y al 75° aniversario de la masacre de “Rincón Bomba”.
Escrito por Lucía Ortiz
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