El expresidente argentino, Mauricio Macri, es investigado por el supuesto envío de material represivo a Bolivia para el golpe de Estado.
La investigación que inició la Aduana a Mauricio Macri tiene entre otras bases el envío de “material represivo” y la “exportación temporaria” de armas. Desde el organismo sostienen que hay una “palmaria discrepancia” entre la finalidad por la que fue autorizada la exportación del armamento y su posterior uso.
Desde la Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, se identificó la evidencia que derivó en una denuncia conjunta. La misma, está firmada por el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Respecto a la “exportación temporaria”, desde el Gobierno de Macri explicaron que las armas y municiones fueron solicitadas formalmente. Según los investigados, el objetivo era brindar seguridad a la Embajada Argentina en Bolivia. De todas maneras, esta situación no habilita que se entreguen los materiales para el uso a discreción de las fuerzas militares del país vecino.
Según las autoridades bolivianas, el material bélico en cuestión consiste en por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70. Respecto a gases lacrimógenos en spray fueron 18 MK-9 y 5 MK-4, además de 50 granadas de gas CN, 10 CS y 50 HC.
Aunque el gobierno estaba encabezado por Mauricio Macri, la denuncia también señala a la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En este sentido, el supuesto contrabando es agravado, porque cuenta con la participación de varias personas que ocupaban los cargos de funcionarios públicos. Además, porque se trata de armas y municiones de guerra que según la denuncia “comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.
La “discrepancia palmaria” entre los fines y el uso del armamento más el resto de la evidencia son las bases de la acusación. “Permite sostener la hipótesis del desvío de armamento para un fin no declarado que ahora investigará la justicia”, explicaron las fuentes oficiales, sobre la denuncia.
