A sus 78 años y tras 17 ocupando uno de los cinco puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este martes presentó su carta de renuncia la magistrada Elena Highton de Nolasco. Su dimisión hiere al gobierno de Alberto Fernández: según el historial reciente, sus fallos solían acompañar más a posturas oficialistas que opositoras. Con un lugar vacante y las elecciones acercándose, ¿qué pasará en el máximo tribunal del país? Corte Suprema de Justicia
Un quinto del organismo judicial más importante se hallará vacío en noviembre, y puede que continúe así por varias semanas. La jurista que lo ocupe -pues es certero que será una mujer- tendrá que obtener la aprobación de dos tercios del Senado. Para cuando suceda, probablemente la composición de la cámara alta haya variado: el 10 de diciembre asumirán 24 integrantes votados en las generales venideras.
El panorama no agrada ni beneficia al gobierno. En las elecciones primarias, el Frente de Todos cayó en 6 de las 8 provincias que escogen senadores. Sin dudas estará en desventaja para negociar con otros frentes el nombre de la jueza que sustituya a Highton de Nolasco. Para peor, incluso si lograra imponer un ministro afín, el oficialismo sabe que el quórum en el tribunal no le es favorable.
Tanto el recientemente designado titular de la CSJ Horacio Rosatti como su vice Carlos Rosenkratz fueron añadidos por un decreto que firmó Mauricio Macri a los cinco días de mandato. Ambos componen, junto con Juan Carlos Maqueda, la mayoría simple que reina hoy en el organismo judicial. A un lado queda Ricardo Lorenzetti, pese a que fue quien validó en 2015 la inclusión por decreto de sus compañeros.
Ya que la CSJ está conformada por cinco juristas, solo se necesita que tres actúen en conjunto para comandar los fallos. Así, las causas que recaigan en el tribunal correrán con la suerte del grupo mayoritario. Pero no es una cuestión matemática: los miembros no responden a cuadros políticos como sí lo hacen los diputados y senadores al aunar votos. El poder judicial es el único independiente y, como tal, no son raras las sentencias que parecen romper bloques.
Sin embargo, a grandes rasgos, los lineamientos dentro del tribunal se hacen visibles: Rosatti, Rosenkratz y Maqueda, por un lado; Lorenzetti y la saliente Highton de Nolasco, por el otro (al menos recientemente). Esa es, por ejemplo, la división final que mostró la elección de autoridades al interior de la Corte este 23 de septiembre. Entonces, los tres -incluído él mismo- votaron a favor de la presidencia de Rosatti, que entró en vigencia en octubre.
Cuando, en 2004, Highton de Nolasco recibió la aprobación del Senado y fue ungida en el máximo tribunal, Alberto Fernández era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, quien la postuló como candidata. Desde el fallecimiento de la magistrada Carmen María Argibay en 2014, la abogada se mantuvo como la única mujer jurista en la CSJ. Su reemplazante también será una mujer, por más que ninguna norma lo indique explícitamente.
Más allá de la lluvia de nombres, que, naturalmente, en reglas generales no están vinculados a la política, también surgió la idea de reformar por completo la Corte. Una de sus promotoras fue la diputada oficialista Fernanda Vallejos: “Sería una buena oportunidad para nombrar, como mínimo, 4 mujeres de distintas especialidades”, manifestó. De más está decir que una modificación de esa índole beneficiaría al frente de gobierno, incapaz de alterar actualmente la mayoría que encabeza Rosatti.
Durante la segunda ola de Coronavirus, la jefatura de Gobierno, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, presentó una demanda al CSJ para revocar en la Ciudad de Buenos Aires el decreto que suspendía la educación presencial. El tribunal falló el 4 de mayo, con cuatro votos a favor del territorio porteño y una abstención: la de Highton de Nolasco. El discutido fallo, que Fernández condenó con dureza, muestra la dinámica de funcionamiento de la Corte.
No obstante, otros casos tomaron direcciones alternativas. En 2017, Highton de Nolasco integró junto a Rosatti y Rosenkratz la mayoría que extendió el cómputo “dos por uno” a todos los juicios penales, incluidos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Tanto el entonces presidente Macri como la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticaron la sentencia.
La CSJ es el máximo tribunal judicial de la nación; como tal, todos los fallos que se dicten dependen de ella. Si una causa se eleva al organismo, sus cinco magistrados tienen la última palabra interna, y su voluntad solo es cuestionable desde cortes internacionales. Asimismo, a ella corresponde ejercer el control de constitucionalidad de las normas en todo el país, así como dirimir conflictos entre disposiciones concurrentes.
En última instancia, acabarán en el tribunal todos los fallos recurridos en las instancias judiciales inferiores. Si un juzgado regional declarara inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ya ha sucedido, la sentencia podría caer en la CSJ. En ese escenario, los cinco magistrados del tribunal decidirían sobre su legalidad en base a normas locales e internacionales, y su fallo sentaría precedente.
En otro ejemplo, si todos los jueces del tribunal respondieran a la misma ideología o poder, su quórum sería inquebrantable y su voluntad, irrevocable. Eso pasó en los tiempos de la denominada “mayoría automática” durante los mandatos de Carlos Saúl Menem. Es por ello que resulta imperioso asegurar la independencia y la diversidad ideológica en el organismo.
Por otra parte, si un exfuncionario tuviera que enfrentar un caso de corrupción pública, el fallo final podría quedar en manos de la Corte. Por todo esto es importante la renuncia de Highton de Nolasco, que deja vacante el 20% del máximo juzgado de la nación. Su reemplazante tendrá que ser acordada en conjunto por las fuerzas que integran el Senado, cuya composición tras las elecciones no ayudará al gobierno.
