Los supuestos coautores del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, fueron enviados hoy a juicio oral y público por la jueza federal María Eugenia Capuchetti que clausuró parcialmente la instrucción de investigación del atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado, pese a las críticas de la querella de la exmandataria, que consideró que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta” y que se debía profundizar otras líneas de investigación.
Así lo informaron fuentes judiciales. Capuchetti dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos Sabag Montiel y Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio; y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.
Capuchetti lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio; y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral. Sucedió contra la opinión de la querella de Kirchner; que había considerado que “elevar la causa por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”.
Cuando se opusieron a que la causa fuera elevada a juicio oral y público, los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, opinaron que “lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación”. Y además remarcaron: “La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes”.
Para la querella “faltan conocer” muchos detalles
“Conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado. Pero todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque”, enfatizaron los abogados. “Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?”, se preguntaron los abogados.
“Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo. Pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho”, sostuvieron.
“Puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta Sube, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona”, hipotetizaron los abogados como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas.
“Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1° de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener”, escribieron.
Para Capuchetti, las otras líneas “son conjeturas”
“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió Télam.
Al resolver la elevación a juicio de la causa, la jueza señaló que “la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”. Así surge de su resolución; donde explicó que “se impone un rápido avance a la siguiente etapa” del juicio.
En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que “no resultan novedosas” las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la ‘pista Milman’ (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su exsecretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque.
“Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen”, replicó la jueza; quien agregó que no se detectaron elementos que condujeran tampoco a que los atacantes hubieran recibido financiamiento.
El futuro de la causa Cristina Ataque Juicio Oral Críticas
Al elevar “parcialmente” a juicio la causa, la magistrada dispuso también extraer testimonio como había pedido el fiscal para seguir investigando las pistas que queden pendientes. Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor. Resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate.
“Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el MPF (ministerio público fiscal) en su dictamen (extracción de testimonios)”, sostuvo la jueza.
Fuente: Télam
Escrito por Desde Matanza
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