El clima político en la Cámara de Diputados se tensó tras una nueva presentación contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El diputado Oscar Agost Carreño, secretario parlamentario del bloque Encuentro Federal —espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto—, elevó una moción de censura por la falta de reasignación de partidas presupuestarias y el incumplimiento en la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
La decisión de Agost Carreño no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de acciones coordinadas que ponen bajo la lupa la gestión de Francos. El mecanismo constitucional de la moción de censura otorga al Congreso la facultad de interpelar y, en casos extremos, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Si bien no es una herramienta utilizada con frecuencia, su sola presentación marca un gesto político de alto impacto que refleja el malestar de sectores opositores frente a la administración actual.
A este planteo se sumó una novedad en el mapa legislativo: los exlibertarios decidieron reagruparse bajo un interbloque propio.
El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), encabezado por Oscar Zago, selló una alianza con Coherencia, el espacio de Lourdes Arrieta y Marcela Pagano. Este armado debuta con una postura crítica, ya que presentaron un pedido similar contra Francos, lo que consolida una convergencia opositora en torno a esta problemática.
El reclamo gira en torno a la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad, cuya suspensión generó fuertes cuestionamientos sociales y políticos. El tema no solo llegó a la Cámara baja: Esteban Paulón, también integrante de Encuentro Federal, decidió acudir a la Justicia. El legislador se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia contra el presidente Javier Milei por la decisión de suspender la vigencia de la normativa.
De esta manera, el escenario se complejiza en dos frentes: por un lado, la presión institucional en el Congreso con la utilización de una herramienta constitucional que, aunque poco frecuente, envía un mensaje claro al Ejecutivo; por otro, la vía judicial que busca responsabilizar directamente al presidente.
La combinación de ambos caminos, parlamentario y judicial, abre un nuevo capítulo en la disputa política que atraviesa al Gobierno, con un trasfondo sensible vinculado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la asignación de recursos en un contexto de crisis.