La propuesta busca asegurar los 180 días de clases en las escuelas públicas restringiendo el derecho a huelga y reforzando las acciones contra los sindicatos. El “servicio de guardias” que cada escuela deberá implementar.
El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados dieron media sanción al proyecto que declara la educación como un “Servicio Estratégico Esencial”, con la intención de limitar el derecho a huelga y avanzar en la persecución de los gremios.
Los diputados que apoyaron la medida incluyen a miembros de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre. Se registraron 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones.
Qué establece el proyecto
La propuesta declara la Educación como un Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades sujetos a la obligatoriedad escolar, y busca garantizar los 180 días de clases en las instituciones públicas.
Los defensores del proyecto argumentaron formalmente que la medida evitaría la pérdida de días de clase para los estudiantes, asegurando así la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el objetivo real es otro: el texto estipula que si una huelga dura entre uno y dos días, se deberá implementar una guardia mínima del 30% de docentes y personal no docente.
También establece que si la huelga se extiende por más de tres días, la guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia del personal directivo, docente y no docente” en todos los niveles y modalidades educativas.
Otro punto del proyecto exige que al inicio del ciclo lectivo, cada colegio informe a las autoridades sobre el servicio de guardias que se pondrá en marcha para garantizar el dictado de clases.
Un proyecto con carácter antisindical
Los argumentos de quienes defendieron la iniciativa durante el debate fueron extremadamente disparatados y estigmatizantes hacia los gremios. Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Mauricio Macri, mencionó la necesidad de “encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”, cuando en realidad la iniciativa desequilibra dicha balanza.
Sin embargo, Héctor Stefani (PRO) afirmó que hay derechos que tienen más peso que otros. “El derecho preferente en la Argentina es la educación de nuestros hijos”, el cual prevalece sobre los derechos sindicales, afirmó.
Por su parte, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica también insistió en que “hay dos derechos en pugna” y subrayó que “ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes”.
Finocchiaro también expresó que el proyecto “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”, ignorando que son los docentes y no docentes quienes realmente activan el sistema educativo del cual los estudiantes se benefician.
A su turno, la radical Carla Carrizo trató de despolitizar el debate. Afirmó que “esta no es una ley en contra de nadie” y que “no estamos castigando el derecho a huelga” sino “invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Blanca Osuna denunció que el proyecto solo busca “regular el derecho de huelga” y que sus compañeros de bancada sienten “vergüenza” por ello.
En este sentido, destacó que el verdadero problema “es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición que se observa en cada rincón, en cada centro de salud” del país.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi expresó que desde su sector van a “defender la docencia, el derecho a la protesta”, diferenciándose de “quienes quieren prohibirlo”. Acusó a estos últimos de ser “los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
El exministro Daniel Arroyo (UxP) criticó: “Creer que esto se resuelve recortando el derecho a huelga es absurdo. Estamos abordando el problema desde un ángulo equivocado, no desde el núcleo central del mismo. Argentina debe reformar su sistema educativo, pero debe hacerse con los docentes, no contra ellos. No hay manera de llevar a cabo una reforma educativa en Argentina sin la participación de los docentes”.
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