El Ministerio de Salud denunciará penalmente a la ex Secretaría de Salud del gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Adolfo Rubinstein. Por la posible comisión de delito de perjuicio a la administración pública en la renegociación de un contrato de compra de leche fortificada en polvo. Los sobreprecios habrían escalado a montos superiores a los 4.500.000 pesos. Ministerio Salud Macri
La ministra de Salud, Carla Vizotti, dispuso iniciar la acción penal a través de la resolución 832/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Aseveró que la renegociación aprobada infringe la normativa aplicable en la materia. Además, afirmó que “constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración Nacional”.
La Secretaría de Salud de Rubinstein promovió la compra de la leche en polvo, en febrero de 2018 y se adjudicó por 76.280.000 pesos a Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercialización e Industrialización Limitada, por resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Luego, en octubre del mismo año, Manfrey solicitó una renegociación de precios. Según la cooperativa, los valores adjudicados se habían distorsionado porque la apertura de ofertas había ocurrido en enero de 2017. Se había alterado el equilibrio contractual. En consecuencia, en septiembre de 2019 la Secretaría de Salud reconoció la suma de 4.576.800 pesos que debían adicionarse al monto original.
Vizzotti manifestó que la Secretaría de Salud aprobó el reclamo frente a la sola presentación de la firma y más de tres meses antes de la notificación de la orden de compra. Manfrey “se limitó a invocar la variación porcentual dentro de su estructura de costos con cita de índices de precios de enero de 2017 a agosto del 2018”. Es decir, “de hechos ocurridos más de doce meses antes al perfeccionamiento del contrato”.
Según la resolución, no se constató mediante elementos suficientes la existencia de circunstancias sobrevinientes entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación. Tampoco se comprobó que dichas circunstancias afectaran decisivamente el equilibrio contractual.
De la misma manera, no se tomó en cuenta “la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada”. Esto debería haber sido considerado, ya que altera el contrato a favor del proveedor y el Estado queda obligado a pagar sumas adicionales. Estas circunstancias tornan la operación “de nulidad absoluta e insanable”.
Por otro lado, Vizzotti apuntó contra Rubinstein, quien “no se encontraba facultado para proceder a la renegociación de los precios oportunamente adjudicados”. Esta atribución “correspondía exclusivamente al Jefe de Gabinete de Ministros”, ya que “implicaba la modificación de los términos de la contratación por él aprobada”.
Finalmente, la ministra de Salud dispuso denunciar penalmente por el posible delito en perjuicio de la administración pública y para recuperar las sumas abonadas. Además, se deberá instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos que llevaron a aprobar la renegociación. La decisión se comunicará a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la cooperativa Manfrey.
