El gobierno nacional presentó hoy una denuncia penal contra el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro para que se lo investigue por “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”, en el marco del escándalo por los presuntos chats filtrados pertenecientes al funcionario, actualmente en uso de licencia.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, explicó que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), fiscales nacionales, empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” encabezado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y a “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.
El funcionario sostuvo en un comunicado del ministerio de Justicia que la denuncia fue presentada “por instrucción del Presidente de la Nación”, Alberto Fernández. Además, Soria informó que esta mañana se presentó la denuncia ante la Justicia Nacional. Junto a ello se pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.
Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de CABA por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho, peculado y exacciones ilegales”.
En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y Majdalani. Y afirmó: “La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”.
Los detalles de la denuncia por los chats D’Alessandro Gobierno
El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”. Esto sería “incompatible con un Estado de Derecho“, agregó Soria.
Por este motivo, la denuncia presentada por el ministro pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A., presidida por Marcelo Violante.
Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados“, que estaría compuesto por D’Alessandro y Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.
El ministro de Justicia, asimismo, pidió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia quede admitida. Ello con el fin de que “pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.
La denuncia por la destrucción de chalecos antibalas
El comunicado también reportó otros hechos denunciados. Entre ellos destaca el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad. Habrían participado en esta actividad tanto D’Alessandro como Majdalani. Gobierno D’Alessandro Denuncia Chats
Al respecto, la denuncia retoma las declaraciones que el ministro de Seguridad y Justicia porteño emitió en un programa del canal Todo Noticias (TN). Allí afirmó que los intercambios y mails publicados vinculados a la licitación de chalecos antibalas “son falsos” y “armados”.
En esa línea, señaló el comunicado que eso ”contrasta los dichos del ministro porteño con documentos oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) incorporados a la denuncia”. Y que estos “confirman la veracidad de los correos electrónicos”.
Asimismo, advirtió que esos dichos “refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos de D’Alessandro por desmentirlas”. Y además “acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’“.
Los presuntos chats y la polémica gobierno D’Alessandro Denuncia
La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Ambos aparentemente combinaban tácticas para que el gobierno porteño use ante el tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.
En tanto, el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña presentó hoy un proyecto para crear una comisión que investigue las contrataciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Violante.
En los mensajes filtrados, Violante ofreció, en 2019, varios pagos de entre 30 mil y 60 mil dólares a D’Alessandro. Esto con el fin de conseguir gestiones ilegales que beneficiaron a sus empresas de grúas y estacionamiento.
Como apuntó el FdT en un comunicado, “resulta indispensable investigar estos hechos. Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que presentara balances y con un canon congelado en 55 mil pesos”.
En ese sentido, señalaron que “el gobierno de Larreta, mientras tanto, le otorgaba subsidios y predios públicos. Esto para hacer negocios con playas de estacionamientos que a su vez eran contratadas para guardar los autos de funcionarios”.
D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad. Así como también para que gozaran de impunidad ante denuncias por infracciones y faltas. Ello de acuerdo con el contenido de los chats que se filtraron.
Además, Violante cuenta en los mensajes que un funcionario porteño le anticipó un borrador de un nuevo pliego de la postergada licitación del servicio de acarreo, que durante 21 años no se realizó por presiones del empresario.
Fuente: Télam
Escrito por Desde Matanza
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