El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de liberalización económica con la publicación del Decreto 446/2025, que establece una reforma integral en el sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida implica la eliminación de los precios de referencia para las garrafas, la supresión de autorizaciones previas para exportar y una simplificación significativa en los requisitos para que nuevas empresas puedan incorporarse al mercado. El objetivo declarado es fomentar la competencia, ampliar la participación del sector privado y reducir la intervención estatal en toda la cadena de valor.
Según lo dispuesto por la norma, este cambio implica una modificación profunda de la Ley 26.020, vigente desde 2005. La ley anterior, señalaron desde el Ejecutivo, “había generado un esquema de fuerte intervención estatal a lo largo de toda la cadena de valor generando sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactaban negativamente en los precios al consumidor”. En este contexto, el nuevo decreto busca corregir esas distorsiones y habilitar condiciones para un mercado más ágil y competitivo.
Uno de los puntos más destacados del decreto es la simplificación del sistema de autorizaciones para operar dentro del mercado del GLP. A partir de ahora, las empresas interesadas podrán comenzar a participar del sector únicamente con la presentación de la documentación requerida por la normativa vigente. Una vez entregada esa información, la Autoridad de Aplicación dispondrá de un plazo de diez días hábiles para revisar y observar posibles faltantes o inconsistencias. Si no hay objeciones en ese período, la solicitud se considerará automáticamente aprobada. “Transcurrido ese período sin observaciones, se considerará aprobada, otorgándose al silencio sentido positivo”, especificaron desde el Ejecutivo.
Además, el decreto otorga a la Secretaría de Energía la facultad de delegar funciones de fiscalización y control técnico en otros organismos públicos o privados. También se autoriza la firma de convenios específicos con gobiernos provinciales, lo cual, según el texto, permitirá ampliar la cobertura territorial del control estatal y mejorar la seguridad operacional en todo el país.
Otro cambio clave es la flexibilización en el sistema de canje de garrafas. A partir de ahora, los fraccionadores podrán determinar de forma libre y sin mediación estatal el mejor mecanismo para el recambio de envases. Esta modificación busca asegurar que los recipientes se encuentren en condiciones técnicas óptimas y puedan ser reutilizados conforme a las normas de seguridad.
Entre los aspectos más significativos de esta desregulación se encuentra la eliminación de los precios de referencia que regían sobre las garrafas. Si bien todavía estaban estipulados por la normativa anterior, en la práctica ya no se encontraban disponibles a ese valor, lo que había derivado en un amplio mercado informal. Con la derogación de ese sistema, el precio de las garrafas quedará determinado por las condiciones del mercado, sin intervención directa del Estado.
En ese mismo sentido, también se suprimen las restricciones vinculadas a la paridad de exportación. A partir de ahora, las empresas podrán exportar sin limitaciones adicionales y las importaciones quedan liberadas, lo cual habilita a proveedores extranjeros a competir directamente en el mercado local. Esta medida, afirman desde el Gobierno, permitirá incrementar la oferta y mejorar la eficiencia del sistema.
“El Estado reorienta su rol hacia funciones esenciales de seguridad y fiscalización técnica y devuelve al sector privado la libertad operativa y comercial”, detalla el comunicado oficial difundido junto al decreto. Allí también se señala que con este esquema se busca “un modelo de abastecimiento eficiente, competitivo y transparente; que genera condiciones más propicias para el desarrollo de la industria y la mejora en el servicio al consumidor”. Con esta reforma, el Gobierno profundiza su programa de desregulación y liberalización de mercados, trasladando al sector privado mayores responsabilidades en la dinámica operativa del sistema energético.
