El jefe de la Dirección General Impositiva ( DGI ), Andrés Edgardo Vázquez, adquirió tres inmuebles en Estados Unidos a través de “sociedades del exterior” por un valor superior a 2 millones de dólares. Estos los cuales nunca declaró –ni las sociedades ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Así lo revelan documentos contables, societarios y bancarios analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
Nombrado en octubre para combatir la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, Vázquez administra dos de las propiedades –la tercera fue vendida– a través de un esquema de empresas en las que participa desde hace 12 años. Según la documentación disponible, estas compañías siguen activas. Entre ellas figura una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), que controla otras dos radicadas en Panamá. Estas, a su vez, fueron usadas como vehículos para adquirir los inmuebles en Miami. No hay constancia oficial que indique que Vázquez se haya desprendido de dichos activos.
En 2011 fue denunciado por controlar junto con su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta en el ING Bank NV de Curazao con US$442.113. Según la denuncia, esos fondos habrían sido transferidos en 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo, sin haber sido declarados al fisco argentino. Aunque fue investigado penalmente, en 2022 fue sobreseído por el juez Ariel Lijo. Este quien no obtuvo respuestas de los países involucrados para corroborar la existencia de esas cuentas.
De acuerdo con la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, los funcionarios como Vázquez están obligados a presentar declaraciones juradas ante la OA detallando todos sus bienes inmuebles, muebles y participaciones accionarias, incluidas las de su cónyuge. Estas deben actualizarse anualmente y son de acceso público. No declarar bienes puede configurarse como “omisión maliciosa”, delito penado por el artículo 268 del Código Penal, que prevé inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, podría derivar en una investigación por enriquecimiento ilícito si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.
Durante los últimos 20 años, múltiples funcionarios enfrentaron problemas judiciales por este tipo de omisiones, incluidos el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA Oscar Shuberoff, quienes fueron procesados, aunque posteriormente beneficiados por la prescripción. Más recientemente, Pablo Alejandro Brula, exfuncionario de la AFIP, fue procesado por ocultar su participación en una sociedad offshore vinculada a los Pandora Papers. En septiembre pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por Brula y dejó firme su procesamiento.
Funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –actualmente ARCA– desde 1990, Vázquez, de 64 años, fue una figura clave en el área de inteligencia fiscal y dirigió la Regional Sur Metropolitana de la AFIP entre 2009 y 2016, según detalla en su perfil de LinkedIn. Su designación al frente de la DGI generó polémica interna: el presidente Javier Milei firmó su nombramiento junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni del ministro de Economía, Luis Caputo. Tampoco lo rubricó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien removió Milei el 7 de este mes.
Mientras ocupaba altos cargos en la AFIP, Vázquez mantenía participaciones accionarias en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, ambas constituidas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. Al mismo tiempo, la Justicia argentina investigaba sus presuntas cuentas en Curazao y Luxemburgo, aunque la causa avanzaba lentamente debido a la falta de cooperación internacional.
La adquisición de inmuebles en Estados Unidos por parte de Vázquez comenzó en enero de 2013, cuando compró dos propiedades en Miami a través de Alcorta Corp., según registros oficiales. En 2015 adquirió un tercer departamento mediante Pompeya Group Corp., otra sociedad panameña.
Los inmuebles incluyen:
– *Unidad 3504 en Icon Brickell* (495 Brickell Avenue), comprada el 9 de enero de 2013 por 710.000 dólares.
– *Unidad 2811 en 1060 Brickell Avenue*, adquirida el 10 de enero de 2013 por 350.000 dólares.
– *Suite 904 en Chateau Beach Residences* (Sunny Isles), adquirida el 20 de julio de 2015 por 980.000 dólares.
Tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, Vázquez incorporó a Galanthus Capital Limited como holding de las panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Así, mantuvo la titularidad de las dos propiedades restantes en Miami y Sunny Isles, valuadas en 1.690.000 dólares.
En sus declaraciones juradas ante la OA, sin embargo, no figuran ni las propiedades ni su participación en Galanthus Capital Limited. En su última declaración, correspondiente a 2023, solo reportó tres cuentas bancarias en Estados Unidos. Estos con depósitos por menos de 3000 dólares y varias propiedades en Argentina. No hay información disponible sobre si estos bienes fueron declarados ante el fisco argentino debido al secreto fiscal.
En Panchy Ventures Limited, Vázquez aparece junto a su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, funcionaria de la AFIP, con un paquete de 50. 000 acciones repartidas entre ambos. La sociedad se disolvió en 2022. En Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director, registrado como “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) por el bufete Trident Trust.
La relación entre Vázquez y estas sociedades perduró incluso después de la venta de la unidad 2811 de 1060 Brickell Avenue en marzo de 2018, por 350. 000 dólares.
La vinculación de Vázquez con cuentas en Curazao y Luxemburgo se remonta a 2005, cuando la UIF recibió alertas desde el exterior. En 2011, la causa pasó al fuero federal debido a su condición de funcionario público. El caso enfrentó múltiples obstáculos, incluidos problemas para obtener información de Luxemburgo. Vázquez negó ser titular de esas cuentas y afirmó que todo se trataba de una “operación de prensa” relacionada con su participación en un operativo de la AFIP contra el Grupo Clarín en 2009.
Hoy, las denuncias sobre su patrimonio permanecen bajo escrutinio público.
