Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, presentarán este jueves un planteo ante la Justicia de Estados Unidos para que la Argentina sea declarada en desacato por el incumplimiento de una orden judicial. La solicitud se realizará ante la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York y se inscribe en el juicio por la expropiación de YPF, causa en la que el país enfrenta una condena de primera instancia por USD 16.100 millones, más intereses.
Según el planteo de los demandantes, el supuesto incumplimiento se vincula con una orden judicial que obliga al Estado argentino a presentar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de determinados funcionarios públicos. En ese marco, los fondos solicitarán que se declare el desacato y que se apliquen sanciones económicas como consecuencia de no haber cumplido con lo requerido por el tribunal.
El reclamo se produce dentro del proceso judicial que tramita en los tribunales federales de Nueva York, donde se discuten las responsabilidades derivadas de la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012. En primera instancia, la Justicia estadounidense falló en contra de la Argentina y fijó una condena por USD 16.100 millones, a la que se suman intereses que continúan acumulándose mientras el caso sigue su curso.
El pedido de desacato apunta específicamente a la falta de entrega de la documentación solicitada.
La orden judicial cuestionada exige la presentación de comunicaciones privadas —WhatsApp y correos electrónicos— de ciertos funcionarios públicos, información que, de acuerdo con los demandantes, no se puso a disposición del tribunal en los términos y plazos establecidos.
Además de la declaración de desacato, los fondos Petersen y Eton Park solicitarán sanciones económicas contra el Estado argentino. Este tipo de medidas suele buscar forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales y reforzar la autoridad del tribunal frente a conductas consideradas obstructivas o dilatorias dentro del proceso.
Por su parte, la Argentina tiene previsto presentar su escrito de defensa el próximo 19 de febrero. En esa presentación, el Estado responderá formalmente al planteo de los demandantes y expondrá sus argumentos frente a la acusación de incumplimiento de la orden judicial. Ese paso será clave para definir cómo continúa la discusión en torno al desacato y si la jueza Preska considera que existió o no una desobediencia a las decisiones del tribunal.
El caso por la expropiación de YPF es uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente la Argentina, tanto por el monto de la condena como por sus eventuales implicancias financieras y políticas. La posibilidad de que el país se declare en desacato agrega un nuevo capítulo a un proceso judicial complejo, que sigue desarrollándose en los tribunales de Nueva York y cuyo desenlace aún permanece abierto.