La Justicia ordenó al Gobierno reparar de inmediato las rutas nacionales
El juez federal de Venado Tuerto responsabilizó al Estado nacional por el deterioro de los corredores viales y sostuvo que la falta prolongada de mantenimiento constituyó una omisión con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, en el sur de Santa Fe, con el objetivo de garantizar su plena transitabilidad. El fallo puso el foco en el prolongado deterioro de esos corredores y remarcó que la falta de mantenimiento y conservación por parte del Estado constituyó una omisión “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien hizo lugar a la acción de amparo presentada por la senadora provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El magistrado estableció que el Estado nacional deberá garantizar las reparaciones, ya sea a través de Vialidad Nacional, del organismo que eventualmente asuma sus competencias o mediante las empresas concesionarias actuales o futuras de esos corredores.
La decisión judicial dejó además un punto central: aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas, la responsabilidad del Estado nacional de garantizar que las rutas se encuentren en condiciones de transitabilidad y que se cumpla la orden judicial permanece vigente.
La resolución alcanza a las rutas nacionales 7, 8 y 33, en los tramos correspondientes al departamento General López.
El reclamo judicial había comenzado en marzo de 2025, cuando Di Gregorio presentó una acción de amparo para exigir la intervención sobre los corredores que atraviesan el sur santafesino.
En aquella oportunidad, el juez Cuello Murúa ya había dictado una medida cautelar que obligó a Vialidad Nacional a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando correspondiera y ejecutar tareas de bacheo o relleno. Esa decisión se había confirmado por la Cámara Federal de Rosario.
Sin embargo, el cumplimiento de aquella medida cautelar fue parcial. La situación derivó posteriormente en el avance de la causa y en la nueva resolución que establece la obligación estatal de garantizar una reparación integral.
Uno de los puntos centrales del expediente estuvo relacionado con las explicaciones brindadas por Vialidad Nacional sobre la falta de continuidad de las tareas.
En marzo de 2026, el organismo reconoció que los trabajos sobre la Ruta Nacional 33 no se habían reanudado porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria.
Posteriormente, Vialidad advirtió que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.
El juez Cuello Murúa consideró que parte de las dificultades señaladas durante el expediente estaban vinculadas con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que involucraban a distintas áreas del Estado nacional, entre ellas la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
A partir de ese análisis, concluyó que los distintos intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando una “omisión comunitaria” del Estado.
La resolución judicial se conoció además en un contexto en el que el Gobierno nacional avanzó con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones.
En el expediente se consigna que la Ruta Nacional 33 se adjudicó a CPC SA, en el tramo Portuario Norte, mientras que las rutas 7 y 8 se adjudicaron a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA, en los tramos correspondientes.
El proceso de concesión de distintos corredores viales nacionales había avanzado durante 2026. En julio, el Ministerio de Economía aprobó la primera etapa de la licitación para los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte mediante la Resolución 884/2026. La medida incluyó ofertas de distintas empresas y la continuidad del proceso de concesión.
Para el juez, estos cambios contractuales no pueden convertirse en un obstáculo para cumplir con las reparaciones ordenadas judicialmente.
De esta manera, la transferencia de tareas hacia empresas concesionarias no implica que el Estado nacional quede desligado de sus obligaciones.
La presentación de Di Gregorio se produjo en marzo de 2025, frente al deterioro de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López.
La primera resolución de Cuello Murúa había establecido la necesidad de realizar intervenciones urgentes en los sectores más deteriorados de las rutas 7, 8 y 33. Entre las medidas dispuestas se encontraban la señalización, la realización de desvíos cuando fueran necesarios y tareas de bacheo y/o relleno.
El planteo de la legisladora buscaba que el Estado nacional cumpliera con sus obligaciones de conservación y mantenimiento de la red vial nacional.
Un año después de aquella presentación, Di Gregorio volvió a reclamar que el expediente avanzara hacia una sentencia definitiva que obligara a realizar obras de fondo, al considerar insuficientes los avances registrados.
El estado de las rutas también quedó vinculado a la discusión sobre los recursos destinados al mantenimiento de la red vial.
Según reveló LA NACION este domingo, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio, pero ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos. La información fue reconstruida por el medio a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y documentos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública.
El informe señaló que, durante el período analizado, se recaudaron $1.503.252 millones y se ejecutaron $394.406 millones, mientras que más de $1 billón permanecía sin aplicarse a obras viales. La publicación también indicó que esta situación derivó en una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.
La investigación de LA NACION sobre los fondos destinados a rutas y obras viales
La nueva resolución trasciende así una disputa entre el Estado y las empresas que intervienen o puedan intervenir en las concesiones de los corredores viales.
El criterio fijado por el juez Cuello Murúa es que el Estado nacional deberá asegurar que las rutas nacionales 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur de Santa Fe, independientemente de cuál sea el organismo público o la empresa privada encargada de ejecutar materialmente las obras.
El fallo coloca nuevamente en el centro de la discusión judicial la responsabilidad estatal sobre el mantenimiento de la infraestructura vial y establece que las restricciones presupuestarias, los cambios administrativos o las nuevas concesiones no pueden impedir que se garantice la transitabilidad de las rutas nacionales.
La decisión también representa una continuidad del reclamo iniciado en 2025 por el deterioro de los corredores del departamento General López y de las medidas cautelares que ya habían obligado a Vialidad Nacional a realizar intervenciones urgentes.
