La Cámara de Diputados le dio en esta madrugada media sanción a la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario con 133 votos positivos, 115 negativos y dos abstenciones. La sesión maratónica se llevó a cabo en medio de un acalorado debate y con gente afuera del Congreso festejando el Día de la Militancia, que recuerda el día de la vuelta de Perón al país en 1972.
Por un lado, las dos abstenciones corresponden a los legisladores del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Pla, quienes ya se habían pronunciado hace cinco días. Ellos consideran que es una fuente de dinero para poder amortiguar el ajuste que plantea el Fondo Monetario Internacional y que no afecta significativamente a la problemática fiscal.
Por el otro, de los que se sumaron al proyecto oficialista se encuentran los gobernadores Gerardo Morales (del radicalismo) y Juan Schiaretti, ambos definidos como opositores en las elecciones del 2019. De esta forma, el Frente de Todos logró superar los 129 votos necesarios para poder darle media sanción y que pase al Senado para que sea debatido.
La denominada Ley Aporte Solidario y Extraordinario es una imposición fiscal que alcanzará a quienes tengan un patrimonio mayor de 200 millones de pesos, y estiman recaudar 300 mil millones de pesos.
Según la AFIP, serían 10 mil personas que seran alcanzadas por esta medida de ser aprobada por el Senado y promulgado por la presidencia. De acuerdo a lo que se detalla en el proyecto, el dinero será utilizado para comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, urbanizar barrios populares, asistir a las PyMEs con subsidios y créditos, invertir en YPF y relanzar el plan Progresar.
Desde que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, se promulgaron 12 imposiciones que gravan una serie de bienes y servicios. De aprobarse el Aporte Solidario y Extraordinario, serían 14.
El primer impuesto fue en ese mismo diciembre, al que se lo llamó Impuesto PAÍS, que grava con un 30 por ciento a la compra de dólares, turismo y gastos con tarjetas de créditos y débitos en el exterior. Producto de la pandemia y a las restricciones para viajar, el impuesto PAÍS quedó virtualmente reducido a quienes deciden ahorrar en la moneda estadounidense. A este se le sumó el aumento de la tasa en las escalas mínima y máxima de Bienes Personales, que pasó de 0,25 por ciento a 0,5 por ciento y de 0,75 por ciento a 1,25 por ciento, respectivamente.
A fines del mes, se venció la exención del IVA de 13 alimentos de la canasta básica. Esto incluye al pan, leche y arroz. Decidieron no renovar esta medida. La mencionada había sido implementada por el ex presidente, Mauricio Macri, con el fin de ganar un mayor apoyo entre la clase media y baja, de cara a las elecciones, que no se vio reflejado en las urnas.
En resumidas cuentas, en el mes de diciembre también se congeló y no se actualizó el mínimo no imponible (dañado por una inflación de 26, 9 por ciento de lo que va del año), aumentaron las retenciones a las exportaciones, se suspendió la baja de impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos en las provincias y aumentó el impuesto inmobiliario.
Tres meses después de un diciembre movido en términos impositivos y ya con el coronavirus amenazando con entrar en Argentina, se subieron las retenciones de soja del 30 al 33 por ciento. En septiembre se determinó que los autos de más de 2 millones de pesos pagarán impuestos internos, se le sumó al impuesto PAÍS un anticipo de 35 por ciento de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales.
En octubre se anunció que los bienes electrónicos producidos en Tierra del Fuego comenzarán a ser gravados con un 6,55 por ciento, y los que no son producidos allí, con un 17 por ciento. Finalmente, aumentaron los impuestos a las apuestas y juegos de azar digitales.
Y va el treceavo… Una pregunta que podría surgir en este momento es: “Si a mi esto no me afecta en lo más mínimo. ¿Por qué me tiene que interesar?”. Puede interesar por diferentes razones: varias empresas se fueron del país, y otras, pusieron a la venta su operación local.
De entre las que forman parte de este grupo, los casos más resonantes fueron los de LATAM, Walmart y Farabella. Sólo con LATAM, 1700 familias quedaron sin ingresos, mientras que Farabella ya cerró cuatro locales y analiza irse del país. A esto se le debe sumar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó en septiembre que habían cerrado 60 mil PyMEs. Sin empresas, podría entenderse que no hay trabajo.
En un contexto de pandemia, de estanflación y de aumento de la cantidad de gravámenes, medidas como ésta alimentan la incertidumbre y desincentivan a invertir. Y, por el contrario, motivan a aquellos que pueden irse del país a hacerlo. Como es el caso de millonario Marco Galperín, quien se radicó en Uruguay y dejó de tributar en Argentina.
Aún así, hay quienes sostienen que si aprueban esta medida, será inconstitucional. Explican que podría ser así por ser confiscatoria, como lo denunció el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro de Lamadrid. En contraposición, Alberto Fernández salió a la defensa del proyecto. Sostuvo que no lo es por ser un aporte único, aunque añadió que sería inconstitucional “si fuera un impuesto, porque si yo le digo a usted que a partir de ahora va a tener que pagar el 2 por ciento de lo que tiene, va a llegar un día que me va a entregar todo lo que tuvo y eso es confiscatorio”.
Igualmente, hay que esperar a que el Senado termine de sancionar el Aporte Solidario y Extraordinario y que el presidente lo promulgue. Todo indica que así será.
Escrito por Martin Britos
