El proyecto de la “Ley de Emergencia Covid-19”, que el oficialismo envió al Congreso este lunes, establece un sistema de semáforo con restricciones focalizadas para mitigar el impacto del Coronavirus. En relación a esto, la oposición apunta al presidente como si fuera un supervillano. Los opositores al gobierno adelantaron su voto negativo contra la iniciativa, que rebautizaron como “Ley de Superpoderes”. Según explicaron expertos en la materia, la ley no sería inconstitucional pero sí, provoca enfrentamientos entre ambos bandos políticos. De todas maneras, el gobierno confía en obtener una sanción favorable. Ley de Emergencia Covid-19
La propuesta segmenta a las jurisdicciones en función de la cantidad de casos recientes y la situación en los centros de salud. Determina cuatro niveles de “riesgo epidemiológico y sanitario”: bajo, medio, alto y “de alarma”, y asigna medidas preventivas en función de cada uno. Se trata de una ley “a la alemana”, fuertemente vinculada a la que la canciller Angela Merkel consiguió aprobar a fines de abril.
Sin embargo, el proyecto recibió el repudio de la oposición, que denunció que la iniciativa es inconstitucional, que atenta contra la autonomía de las provincias y que otorga al gobierno nacional un exceso de poder. El reclamo se basa en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de la educación presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el texto de la ley también se basa en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no iría en contra de lo ya acordado. Sino que se aplicaría un sistema en el que se apliquen medidas según la cantidad de casos y fallecidos por covid de cada lugar, sin necesidad de acordar cada 21 días.
La propuesta es sencilla: emplear un mecanismo de fases que define estadísticamente las restricciones para cada ciudad según su caso. Así, las medidas se conocen de antemano y no dependen de su inclusión en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) actualizado cada dos semanas. Además, establece un sistema focalizado que actúa directamente a nivel distrital, para reducir con detalle el área en el que se aplican. 
La ventaja para el oficialismo es que si la iniciativa prospera ya no habrá que acordar continuamente la renovación de las medidas sanitarias. El objetivo de la presidencia es garantizar un marco legal para que las restricciones se apliquen sin necesidad de renegociarlas cada vez que un decreto se vence. Por eso espera que se le dé un tratamiento fugaz en el Congreso.
Su texto es similar al del DNU vigente, que también organiza a las ciudades de acuerdo a estas cuatro categorías. La Matanza y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran en el nivel más severo: la situación de alerta. De esta manera, si el proyecto se convierte en ley y los casos no bajan seguirán rigiendo las restricciones actuales, que incluyen la prohibición de reuniones sociales, el toque de queda nocturno y la suspensión de las clases presenciales.
Esta iniciativa no es única en el mundo. De hecho, sus atribuciones son similares a la ley alemana del “freno de emergencia”, aprobada el 23 de abril con el apoyo de Merkel. Se trata de una modificación de la norma de Protección ante Infecciones y, tal como el proyecto argentino, le confiere a la canciller una vía para dejar asentado un sistema de medidas sanitarias sin tener que negociar su prórroga.
La oposición al gobierno nacional, comandada por el espacio político de Juntos por el Cambio, ya adelantó su voto negativo al proyecto. Sus principales figuras se expresaron al respecto los últimos días: coincidieron en que la norma otorga “superpoderes” a Alberto Fernández para actuar sobre materia en la que “no tiene competencia”. Por todo esto, calificaron a la norma de “inconstitucional”. En realidad, el presidente de la Nación, tiene la competencia como para impartir el DNU que es similar al proyecto de ley. Además, también tiene las facultades necesarias para promover el cumplimiento de esta nueva ley, si se promulga. La ley saldría mediante el acuerdo político y la votación afirmativa en el Senado y Diputados. Es decir, siguiendo el curso de cualquier proyecto de ley.
La principal denuncia de la oposición es que la iniciativa pasa por encima de la autonomía individual de las jurisdicciones y de sus poderes ejecutivos. En particular, los voceros repudiaron el artículo 4 del texto, que se refiere a los gobernadores como “delegados o delegadas del gobierno federal”. Asimismo, rechazaron que el proyecto faculte a la Nación a “consultar” con los mandatarios provinciales, en vez de a acordar o negociar.
Su argumento se basa en el reciente fallo de la Corte Suprema en favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta había recurrido al tribunal en rechazo del DNU que suspendía la educación presencial en el AMBA. En el dictamen, los jueces Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti sostuvieron que el Poder Ejecutivo Nacional no puede decidir sobre la escolaridad en las jurisdicciones.
Por último, legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron que la propuesta del oficialismo podría funcionar “indefinidamente”, ya que su artículo 33 señala que la norma “regirá mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria” que el gobierno nacional declaró y extendió por decreto.
Así como la oposición fundamentó sus argumentos en el fallo de la Corte, la presidencia parece haber cambiado su estrategia para hacer lo mismo. Si las sentencias de los jueces rechazaban el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, esta vez el oficialismo se encargó de que el proyecto tenga valor de ley. De esta manera, ahora es el Poder Legislativo quien decidirá mediante y la ley deberá ser aprobada por Diputados y el Senado.
De hecho, ese fue uno de los argumentos del juez Rosenkratz en su dictamen: que una norma como la suspensión de las clases presenciales no podía ser decidida unilateralmente sino que debía provenir del Congreso. La iniciativa de la “Ley de Emergencia” hace eso. Para el oficialismo, esto comprueba la constitucionalidad de la medida.
Además, los magistrados Maqueda y Rosatti, mediante su voto emitido en conjunto, afirmaron que el DNU no mostraba “justificación suficiente” para aplicar las restricciones. Es por ello que el gobierno nacional estableció en este texto un sistema de semáforo definido estadísticamente y con anticipación.
Si bien estas cuestiones estarían resueltas gracias al diseño propio del texto, queda pendiente el funcionamiento potencialmente indefinido de la norma. Al respecto, cabe destacar que el proyecto de ley está sujeto a cambios en su paso por las cámaras alta y baja. La versión divulgada es preliminar, y es probable que sea alterada en mayor o menor medida para ganar votos de legisladores “indecisos”.
El DNU vigente vence el 21 de mayo. La intención del oficialismo es lograr la sanción de la ley antes de esa fecha para ya no tener que renovar las medidas sanitarias por medio del Poder Ejecutivo. El proyecto pasó por comisiones del Senado este miércoles, donde obtuvo un rápido dictamen favorable. Será tratado en la cámara alta en los próximos días.
El recorrido legislativo revivirá el debate acerca de los “superpoderes” el Jefe de Estado y la cantidad de fallecidos en los lugares que no cumplieron el DNU, como CABA. En Casa Rosada confían en que esta ley “a la alemana” permita aplicar restricciones. Entre ellas la suspensión de la educación presencial, sin perjuicio de posibles “judicializaciones” que los gobernadores puedan llevar adelante. Es decir, el panorama no cambiaría demasiado si se promulga la ley. Sólo evitaría una negociación constante cada 21 días y las restricciones dependerían exclusivamente de la cantidad de casos en cada lugar del país.
Es con ese objetivo que el presidente cambió su estrategia y decidió jugar bajo los lineamientos directos de la Corte Suprema. Está por verse qué sucederá. Se sabe que para muchos es un superhéroe que salva vidas y para otros, un supervillano que incumple la ley.
