Con ánimo mesurado, parte del oficialismo llamó durante las últimas jornadas a participar de una movilización el martes 1 de febrero bajo la consigna de reclamar cambios en el funcionamiento del poder judicial. Las líneas bajas del frente son la cara de la convocatoria, mientras que la presidencia afirma que “no toma postura”. Así, cabe preguntar: ¿qué hay detrás de la marcha del “1F” que alienta, pero no tanto, el gobierno de Alberto Fernández?
Con el fin de exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el dirigente sindical Luis D’Elía y el juez Juan Ramos Padilla impulsan la manifestación, que tendrá lugar frente al edificio del máximo tribunal. El reclamo incluye el “fin del lawfare” y la “democratización del poder judicial” para que “no opere para la embajada de Estados Unidos”. La convocatoria se replicó desde diversas parcialidades del kirchnerismo y el oficialismo en general, pero no por parte de referentes altos.
En esta línea, aunque coincidió en el diagnóstico sobre el poder judicial, el gobierno nacional repetidamente se distanció de la movilización oficialista. “El gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad ni político. No son temas sobre los que tenga que opinar”, sintetizó el jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Sin embargo, otros funcionarios apoyaron públicamente la manifestación, por lo que el “1F” queda teñido de un respaldo institucional incierto.
Marcha del “1F”: ¿quién convoca, y quién no, en el gobierno?
“La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio. Algo está funcionando mal”, criticó Fernández semanas atrás, en declaraciones a Radio 750. Desde Honduras, también la vicepresidenta Cristina Kirchner consideró que “de la misma manera que se financiaban los golpes militares se comienzan a financiar los golpes judiciales”. No obstante, ninguno brindó su apoyo explícito a la marcha del “1F”, en conjunto con la mayoría de funcionarios de primera línea del gobierno. Como siempre, hay excepciones.
Entre las figuras de mayor importancia institucional en dar aval directo al reclamo se halla el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi. El dirigente señaló que la convocatoria “genera un proceso de democratización de la Justicia” y confirmó su asistencia el próximo martes. Además, calificó: “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos”, en diálogo con El Destape Radio.
Junto a Ferraresi, el otro notable respaldo del gabinete provino del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, quien identificó una situación de “hartazgo” social. “El pueblo tiene que hacerse sentir”, alentó el funcionario a comienzos de enero, en una entrevista a El Destape. A él se sumaron diversos legisladores y referentes varios, entre los que se cuentan diputados oficialistas como Hugo Yasky y Leopoldo Moreau.
Los nombres comprueban que la convocatoria no cuenta sino con un apoyo pormenorizado cuando de altos cargos se trata. La marcha tampoco despertó el agrado de parcialidades del oficialismo como la Confederación General del Trabajo (CGT), donde dos de los tres secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, plantearon sus diferencias. El dirigente restante, Pablo Moyano, se cuenta entre los organizadores de la jornada.
Marcha del “1F”: las consignas de la convocatoria
Por lo pronto, la marcha que parte del gobierno convoca para el martes “1F” incluye una amplia base de consignas. La protesta se yergue sobre tres patas principales: los reclamos por el reemplazo de los jueces que integran la Corte Suprema -cuatro tras la renuncia de la magistrada Elena Highton de Nolasco el octubre pasado-, el fin del lawfare y la “democratización” del poder judicial, que aspira a mejorar su funcionamiento a nivel federal.
La primera consigna resuena con fuerza, dadas las implicancias de que un gobierno pida por la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, máximos representantes del único poder independiente en la república. Aquí cabe destacar que el reclamo más duro al respecto no surgió desde el Ejecutivo, sino desde los primeros impulsores de la manifestación. “La marcha sale a exigirle a los Supremos que renuncien y no vuelvan nunca más”, consignó Ramos Padilla vía Twitter. Otros referentes fueron más tenues en sus declaraciones.
Además, la base de consignas contempla un cúmulo de iniciativas y reclamos como el trunco proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que propuso el gobierno en diciembre, y el pedido de justicia por las causas que vincularían al expresidente Mauricio Macri con el poder judicial durante su mandato, que ganó ímpetu luego de conocerse las reuniones que mantuvieron en 2017 los entonces funcionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal donde habrían promovido imputaciones judiciales contra sus adversarios políticos.
Contramarcha del “3F”: la oposición se para en contra
Es menester agregar, finalmente, que la protesta no cayó bien en la oposición. En concreto, Juntos por el Cambio apuntó al gobierno por “atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”. La coalición mencionó, en un comunicado que difundió este sábado, que el Ejecutivo propone “reclamos facciosos” que “no solo van en contra de lo que la Constitución establece, sino que se tratan lisa y llanamente de una actitud golpista”.
Además, parte de Juntos por el Cambio anunció la realización de una contramarcha el jueves “3F”. La convocatoria, impulsada por el sector liberal que encabeza el diputado Ricardo López Murphy, no fue compartida con énfasis por las demás parcialidades al menos aún.
Nota por Manuel Román
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