Nueva Ley de Discapacidad:qué cambia en las pensiones y cómo funcionará
El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa establece un régimen permanente de prestaciones, mantiene las pensiones no contributivas en el 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizar ese beneficio con un empleo registrado. También garantiza la continuidad de Incluir Salud y establece nuevas condiciones para el financiamiento del sistema.
Después de más de cuatro horas de debate, el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra, luego de haber conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados.
La aprobación representa un cambio en el esquema de protección para las personas con discapacidad en Argentina. Hasta ahora, varios de los derechos contemplados en la iniciativa dependían de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre de 2026. Con la nueva normativa, esas disposiciones pasan a formar parte de un régimen permanente.
El proyecto también incorpora modificaciones reclamadas por organizaciones vinculadas al sector, especialmente en materia de pensiones, cobertura médica, prestaciones y financiamiento. Durante el tratamiento legislativo, la oposición consiguió incluir cambios para sostener derechos que habían quedado en discusión frente a las previsiones presupuestarias del Poder Ejecutivo para 2027.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. El beneficio se mantiene en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima y continuará actualizándose de acuerdo con las reglas de movilidad previsional.
Además, la ley establece que las personas titulares de estas pensiones podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Esta disposición modifica una de las condiciones que generaban dificultades para quienes buscaban incorporarse al mercado laboral. La posibilidad de acceder a un empleo registrado y conservar la pensión permite compatibilizar la prestación con una actividad económica, dentro del límite de ingresos establecido.
En caso de superar ese monto, la pensión queda suspendida mientras se mantenga esa situación. Si la persona deja de trabajar o sus ingresos vuelven a ubicarse por debajo del límite, puede solicitar la rehabilitación del beneficio.
Otro aspecto importante es la continuidad de la cobertura médica mediante el Programa Federal Incluir Salud. Este sistema brinda atención sanitaria a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura médica.
De esta manera, la normativa contempla tanto el sostenimiento de los ingresos como el acceso a servicios de salud y prestaciones vinculadas con la discapacidad.
La nueva ley también incluye disposiciones relacionadas con las instituciones, los profesionales y los prestadores que trabajan con personas con discapacidad.
Uno de los reclamos del sector estaba relacionado con las deudas que el Estado mantiene por servicios y prestaciones. Para responder a esa situación, la normativa establece que el Poder Ejecutivo deberá elaborar y publicar un cronograma de cancelación de los pagos pendientes.
El plazo previsto para informar ese cronograma es de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley. Además, se establece un período máximo de 90 días para completar los pagos correspondientes a los trámites finalizados.
Por otra parte, se mantiene el nomenclador único de prestaciones, que establece los valores de los servicios brindados dentro del sistema. La ley dispone que esos aranceles tengan una actualización automática de acuerdo con la movilidad jubilatoria.
Este mecanismo busca establecer una referencia para los valores que reciben los prestadores y dar mayor previsibilidad al funcionamiento de las instituciones.
La normativa también incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas.
Los controles estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que podrá cruzar información con distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Sin embargo, el procedimiento contempla instancias de notificación y presentación de descargos para las personas titulares de los beneficios. Si durante una auditoría se detecta un posible incumplimiento, la persona deberá ser informada y tendrá la posibilidad de presentar su explicación antes de que se resuelva la situación.
Durante el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, reconoció los problemas registrados en anteriores controles y expresó: “Hubo auditorías que no fueron correctas. Hubo personas con discapacidad que tuvieron que probar una y otra vez su discapacidad”.
La incorporación de estas instancias busca establecer procedimientos administrativos para los controles y evitar que las suspensiones se produzcan sin que las personas afectadas puedan ejercer su derecho a defenderse.
Otro de los aspectos centrales de la nueva ley es el financiamiento. La normativa establece que los recursos destinados a las políticas de discapacidad no podrán disminuir en términos reales respecto del ejercicio anterior.
Esto significa que las partidas presupuestarias deberán contemplar los recursos necesarios para sostener las prestaciones y los servicios del sistema. Si los fondos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, la ley prevé que la diferencia pueda cubrirse con recursos del Tesoro Nacional.
Este punto adquiere relevancia en el contexto de la discusión del Presupuesto 2027, en el que se habían planteado reducciones para programas vinculados con la atención de personas con discapacidad, entre ellos Incluir Salud.
La nueva normativa establece así condiciones de financiamiento para sostener la continuidad de las políticas públicas destinadas al sector.
Después de su aprobación en el Senado, la norma debe completar el procedimiento correspondiente para su entrada en vigencia. El texto establece que comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días hábiles para reglamentarla y determinar la autoridad de aplicación.
La aprobación se produjo por unanimidad, a pesar de las diferencias que existieron durante el debate y de la resistencia inicial del Gobierno nacional a algunos de los cambios incorporados al proyecto.
Desde La Libertad Avanza en el Congreso manifestaron que estimaban que el Ejecutivo no avanzaría con un veto a la iniciativa.
De esta manera, la nueva Ley de Discapacidad establece un marco permanente para las pensiones no contributivas, la cobertura médica, las prestaciones y el financiamiento del sistema. Su implementación y reglamentación serán los próximos pasos para determinar cómo se aplicarán las disposiciones en todo el país.