El Congreso vuelve a estar en el centro de la escena política nacional por un nuevo conflicto institucional ya que el Gobierno intenta impedir que la oposición avance en su estrategia para bloquear la asunción de la diputada Lorena Villaverde como senadora por Río Negro, un movimiento que desató tensiones en ambas cámaras. El foco del debate son los antecedentes penales de Villaverde y su vínculo con el empresario Fred Machado, extraditado a los Estados Unidos por una causa de lavado de dinero y narcotráfico.
Mientras tanto, el peronismo inició una campaña interna para reunir firmas con el objetivo de frenar lo que considera “una maniobra” que busca impedir que la legisladora asuma el cargo para el que está prevista. La discusión se instaló rápidamente en el ámbito legislativo y generó repercusiones entre oficialistas y opositores, que ahora se disputan el control político de una banca clave en el Senado.
El argumento principal que utiliza la oposición para frenar la asunción de Villaverde se basa en sus antecedentes penales por tenencia de drogas. Este punto abrió un debate jurídico y político sobre la interpretación de los requisitos establecidos por la Constitución Nacional para ejercer cargos legislativos. Aunque la tenencia de drogas no figura entre los delitos que impiden explícitamente acceder a un mandato, el caso cobró notoriedad pública debido a la sensibilidad social y política que genera cualquier situación vinculada al narcotráfico.
El segundo elemento que la oposición busca instalar es la relación de Villaverde con el empresario Fred Machado. Su nombre ganó notoriedad luego de que fuera extraditado a los Estados Unidos en el marco de una investigación por lavado de activos y narcotráfico. Ese vínculo, de acuerdo con sectores opositores, representa un impedimento ético y político para permitir que Villaverde avance hacia la banca en el Senado.
Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que se trata de un intento de obstaculizar el recambio legislativo y de interferir con la representación institucional de Río Negro.
Funcionarios oficiales sostienen que la oposición intenta “judicializar la política” y que el caso no cumple con los criterios legales necesarios para impedir la asunción. Por ello, trabajan contrarreloj para evitar que el tema escale en el recinto y genere un conflicto mayor.
El peronismo, alineado con esa postura, se dedicó en los últimos días a juntar firmas para resguardar la asunción de Villaverde. Según fuentes parlamentarias, el objetivo es presentar un respaldo formal que frene cualquier intento opositor de bloquear la designación. Este movimiento también tiene un trasfondo político: si la banca queda vacante o se demora la definición, podrían alterarse equilibrios internos dentro del Senado.
La controversia por Villaverde se convirtió en un nuevo capítulo del enfrentamiento político dentro del Congreso, donde cada decisión parece ser parte de una disputa más amplia por poder, representación y control institucional. Aunque el oficialismo intenta minimizar el conflicto, la situación promete mantenerse en agenda mientras la oposición sostenga sus objeciones. El desenlace, en cualquier caso, dependerá de las negociaciones que se desarrollen en los próximos días dentro del Parlamento.