El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno nacional envió al Congreso prevé un aumento nominal del 50% en las partidas de gastos de capital de la Administración Nacional, muy por encima de la inflación proyectada del 10,1% pero sin embargo, ese incremento no se traducirá en una mejora real en la inversión en obra pública, ya que el gasto total apenas alcanzaría alrededor del 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). De confirmarse esa cifra, se ubicaría por debajo incluso de los niveles de 2024, año que el propio presidente Javier Milei definió como “el ajuste más grande de la historia”.
Dentro del desglose del presupuesto, las transferencias de capital constituyen el componente principal, representando el 49,7% del total. Este rubro tendría una suba del 81,4%. En tanto, la inversión real directa mostraría un incremento del 26,1%, mientras que la inversión financiera treparía 41%, según se detalla en el texto oficial. En total, para el próximo año se proyecta un gasto de \$3,286 billones, lo que implica un aumento del 50,3% respecto de 2025.
Reacción de la Cámara de la Construcción
Pese al crecimiento nominal de las cifras, el sector privado recibió con cautela el anuncio. Consultado por Ámbito, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, expresó: “No hay ningún aumento. Es el mismo porcentaje del 0,4% del PBI, igual que este año”.
Los cálculos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) van incluso más allá. Según sus proyecciones, con un PBI estimado en aproximadamente \$1.033 billones para 2026 —a partir de la evolución de los ingresos tributarios previstos—, el gasto de capital equivaldría en realidad a 0,32% del producto. Para 2025, el porcentaje sería aún más bajo: apenas 0,25% del PBI.
Menos que en el inicio de gestión
Las estimaciones indican que, de cumplirse esas proyecciones, los recursos asignados serían inferiores a los registrados durante el primer año de gestión del Gobierno. De acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2023, último año completo de la administración de Alberto Fernández, la inversión pública representaba el 1,3% del PBI. Al año siguiente, esa cifra se redujo a 0,4%, lo que implicó una caída real del 75,1% interanual.
En valores absolutos, la inversión pública en 2024 alcanzó los \$2,09 billones. La baja respecto al período anterior marcó un fuerte retroceso en la participación de la obra pública dentro del producto, tendencia que el Presupuesto 2026 parece consolidar.
El impacto en la construcción
El ajuste sobre la inversión pública se da en un contexto especialmente adverso para la industria de la construcción. Según cifras del INDEC, entre noviembre de 2023 y julio de este año, la actividad del sector se desplomó un 20,77%.
La caída en la producción se reflejó rápidamente en el mercado laboral. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), desde la asunción de Milei hasta junio se perdieron 67.934 puestos de trabajo, lo que representa una contracción del 16% en el empleo del rubro.
Las señales de recuperación tampoco aparecen en los últimos registros. En agosto, el Índice Construya —que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción— marcó una baja del 8,59% mensual en términos desestacionalizados. En la comparación interanual, el indicador reflejó una caída del 5,5%.
Un horizonte incierto
En suma, los números del Presupuesto 2026 confirman que, más allá del crecimiento nominal en las partidas de capital, la participación de la inversión pública en el PBI continuará en niveles históricamente bajos. Con un porcentaje estimado de 0,32%, se ubicaría no solo por debajo de lo registrado en 2023, sino también en retroceso respecto del año 2024.
En paralelo, el sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más críticos, con fuertes caídas en la actividad y una significativa destrucción de empleo. El panorama de corto plazo parece condicionado tanto por la política de ajuste fiscal como por la falta de señales de reactivación en la economía.
La discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 pondrá en debate estas cifras, en un marco donde la obra pública aparece nuevamente relegada en las prioridades del Gobierno nacional.