El Consejo de la Magistratura pasará a contar con 18 integrantes a los que aplicará la norma de paridad de género si se aprueba el nuevo proyecto de ley que el gobierno nacional de Alberto Fernández envió al Senado, informó ayer la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. La iniciativa tiene el objetivo de garantizar la diversidad y equidad en el organismo supervisor del poder judicial, que solo tiene por encima a la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, ya no serían 13 los miembros encargados de ejecutar el presupuesto anual y designar y remover jueces en todo el país. En cambio, la composición del Consejo de la Magistratura se ampliaría para incorporar nuevos representantes del Poder Judicial, del ámbito académico y científico y de los abogados de matrícula federal. Además, regiría la paridad de género para que al menos 8 de los cargos sean ocupados por mujeres.
El anuncio coincide con la información divulgada a través de diversos medios que afirma que la Corte Suprema de Justicia estaba próxima a impugnar la integración actual del Consejo, sancionada en 2006. Aquella norma había sido impulsada por el oficialismo del Poder Legislativo, que tenía a la vicepresidenta Cristina Kirchner a la cabeza, entonces senadora. Según las versiones, el gobierno busca anticiparse al inminente fallo y modificar de una vez la conformación del organismo.
Es menester remarcar que el ministro de Justicia Martín Soria mantendrá una reunión esta mañana con los cuatro magistrados de la Corte Suprema, que tiene aún un puesto vacante tras la dimisión de Elena Highton de Nolasco. Se da por descontado que el encuentro ahondará, entre otros temas, el de la modificación del Consejo.
El proyecto, en detalle Consejo Magistratura
El proyecto para actualizar la composición del Consejo de la Magistratura plantea aumentar en 4 su cantidad de miembros. Así, pasaría a integrarse por: 6 legisladores -igual que en la ley de 2006-, 4 jueces del Poder Judicial (antes 3), 4 representantes de los abogados de la matrícula federal (antes 2), 2 representantes del ámbito académico y científico (antes uno), y un representante del poder Ejecutivo, número que tampoco sufriría alteraciones.
Todos los estamentos menos el último, por constar de un solo puesto, deberían estar ocupados por mujeres por lo menos en un 50%. Cabe destacar que la normativa aún vigente no prevé un cupo femenino por paridad de género. Por lo tanto, actualmente solo 4 de los 13 cargos corresponden a mujeres. Con la nueva iniciativa, el número se duplicaría como mínimo.
Es menester remarcar que el proyecto de ley no dispone alterar ninguna de las funciones establecidas por ley para el Consejo de la Magistratura. En este marco, el organismo continuará con sus tareas de emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, imponerse sobre los magistrados nacionales y federales con facultades disciplinarias, administrar los recursos y el presupuesto para el Poder Judicial y abrir procedimientos de suspensiones o remociones de cargo, según surge de información oficial.
Los objetivos del proyecto Consejo Magistratura
En palabras de Cerruti, la fortaleza del proyecto es que de “todos los integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político”. De esa manera, el Ejecutivo pretende alcanzar “una representación más equilibrada” así como “avanzar en algunos de los objetivos centrales del gobierno”. En particular, “recuperar la confianza de la sociedad en la justicia y garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura”.
Asimismo, la portavoz presidencial advirtió que la modificación busca “que la sociedad esté representada de la mejor manera posible en un tema tan sensible como la elección o remoción de los jueces”. Por lo tanto, señaló que “este proyecto intenta mejorar la ley de 2006 ya que pasaron 15 años desde entonces”.
Cerruti sintetizó: “Esta representación es más equilibrada. Va a ayudar a un mejor funcionamiento de la Justicia, a una garantía de la independencia del Poder Judicial”; y agregó que “el Consejo de la Magistratura no puede ser un lugar de litigio de la política, sino que debe estar al servicio de la mejor justicia para todos los argentinos y las argentinas”.
La ley de 2006 y el proyecto de 2021
Aunque varias versiones sostienen que el proyecto se adelanta a la impugnación sobre el Consejo de la Magistratura, Cerruti negó esa posibilidad. “No tenemos ninguna razón para creer que algo que no sucedió en los últimos años esté por suceder. No gobernamos en base a trascendidos periodísticos”, justificó la funcionaria. “Además, nos parecería por demás extraño e incorrecto que la Corte Suprema le anticipe los fallos a los medios de comunicación”, continuó.
Al igual que en aquella ocasión, el proyecto de Fernández tendrá que atravesar las dos cámaras legislativas para obtener la promulgación. Allí el gobierno deberá acordar con la oposición que, luego del recambio del 10 de diciembre, será semejante en números al oficialismo. “Va a haber seguramente un amplio debate de todas las fuerzas políticas. Cuando un proyecto es una ley el lugar para debatirlo es el Congreso, sin dudas”, mencionó al respecto la portavoz.
Además, Cerruti declaró que el organismo “es objeto de permanente modificación en todos los países del mundo buscando siempre que logre el mejor equilibrio”. En ese sentido, la gestión de Fernández no es la primera en proponer cambios a la composición del Consejo. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña avisó que estaba en los planes una reforma de la norma de 2006; sin embargo, jamás presentó la iniciativa.
Nota por Manuel Román
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