El proyecto que propuso el diputado por el Frente de Todos, José Luis Gioja, declararía la emergencia pública energética hasta el 31 de diciembre de 2022. Además le daría la facultad a Nación de renegociar los contratos y licencias para la prestación de servicios públicos. proyecto tarifas gioja
El proyecto que presentó tiene el objetivo de que las tarifas de los servicios públicos solo puedan incrementarse de acuerdo al aumento de sueldo promedio. Este parámetro se tomaría de lo establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La propuesta fue respaldada también por los otros diputados del Frente de Todos Pablo Carro, Blanca Osuna, Esteban Bogdanich, Mario Leito, Arie Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Liliana Schwindt y Alcira Figueroa.
Además, establecería que las tarifas y precios de servicios públicos de competencia nacional sean razonables y transparentes. Esto sería con el fin de proteger los derechos de usuarios y consumidores. Además, promover el desarrollo económico, ya que el bolsillo de las y los argentinos se ven afectados por los precios de los servicios esenciales. En el proyecto, se propone que las tarifas y precios de servicios públicos para usuarios residenciales no podrán aumentar en mayor medida que los sueldos promedio.
Este proyecto está pensado para quienes se encuentran en la clase media. Esto se debe a que no alcanzará a quienes tienen las categorías más altas en las tasas del servicio de electricidad o gas. En relación a los pagos que realizan las PyMes y las micro empresas, cooperativas de trabajo o empresas en recuperación que estén inscriptas, sostiene que las tarifas no podrán subir más que el IPIM. IPIM, según sus siglas, significa: Índice de Precios Internos al Mayor.
Además, la iniciativa incluye el Régimen de Equidad Tarifaria Federal. La misma deberá “evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”, según se afirma en el documento. Es decir, las tarifas deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada provincia. También su nivel de desarrollo económico, y la situación social.
Dentro de la propuesta, si se acepta, sería se crearía también el Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos. El mismo estaría destinado a jubilados, pensionados, o trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta tres remuneraciones mínimas. Para finalizar, la propuesta incluiría a las empleadas de casas particulares, a los usuarios del Monotributo Social, y a los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos que no superen los tres haberes mínimos y de planes sociales.
