El cierre del año legislativo en diciembre fue, por demás, agitado. Sobre el fin del 2020 se aprobaron la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Plan de los Mil Días y la nueva fórmula jubilatoria. 2021 no parece bajar la marcha. El calendario, promulgado por decreto, indica que las sesiones extraordinarias comienzaron el 4 de enero con el debate en comisiones. El tratamiento en las cámaras va desde el 20 de enero hasta fin de febrero.
En esas casi 6 semanas, el oficialismo espera sancionar todo un paquete de proyectos de ley. Destacan los económicos, promovidos por Martín Guzmán y su equipo en el Ministerio de Economía. Sin embargo, el foco del gobierno está en modificar la Ley de Ministerio Público Fiscal (para el nombramiento del Procurador General) y en aprobar la Reforma de la Justicia Federal.
Forma parte de la cartera económica, por ejemplo, el proyecto de ley de incentivos fiscales para la construcción. Tiene como objetivo la reactivación del sector productivo – “un potente motor para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo, con impacto transversal en diversas cadenas productivas”, en palabras del ministro Guzmán.También la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que ya cuenta con la sanción del Senado. De aprobarse, toda emisión de la deuda por fuera del límite del presupuesto tendrá que pasar por el Congreso. Otra iniciativa económica que tratará el Congreso es del incentivo tributario para fomentar la inversión en moneda nacional. Su sanción modificaría el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.
Ley de Procuración General y Reforma Judicial, los principales blancos en la mira del gobierno
Los proyectos más importantes para el oficialismo en estas sesiones extraordinarias son, tal vez, la modificación de la Ley de Ministerio Público Fiscal y la Reforma de la Justicia Federal. Ambos vienen con media sanción del Senado y tendrían fecha para febrero, aunque podrían retrasarse hasta marzo.
El primero, para empezar, dicta cambios en la forma de elección y el tiempo de mandato del Procurador General de la Nación. El procurador es el jefe de los fiscales federales y nacionales, y constituye un poder autónomo. Concretamente, la norma vigente establece que se necesita la aprobación de dos tercios del Senado para nombrarlo. Con la nueva ley, en cambio, una mayoría simple en la cámara sería suficiente. Además, la duración se reduciría de un mandato vitalicio a un plazo de 5 años en el cargo. El plan del gobierno, de obtener la sanción favorable, es designar al juez Daniel Rafecas como Procurador General.
En segundo lugar, la Reforma de la Justicia Federal, más conocida como “Reforma Judicial”, es una iniciativa que busca descentralizar la justicia federal mediante la creación de nuevos juzgados en todo el país y el traslado y unificación de otros ya existentes. Su sanción, sostiene el oficialismo, agilizaría el recorrido judicial, a la vez que garantizaría una mayor transparencia en el manejo de las causas. El texto recibió varios cambios en su paso por la cámara alta. Entre ellos, los legisladores quitaron las presiones “mediáticas” como uno de los tipos de “influencias indebidas” a comunicar por los magistrados. La reforma cobró una gran relevancia mediática y tiene, en líneas generales, el rechazo contundente de la oposición.
Otros proyectos “extraordinarios”: ambiente, ciencia y ARA San Juan
Por último, hay todo un temario alternativo a las propuestas económicas en las próximas sesiones extraordinarias. Destacan propuestas ambientales como la modificación de la Ley de Biocombustibles. El proyecto busca prorrogar los beneficios a productores de biocombustibles hasta 2024 y ya cuenta con media sanción del Senado. Junto a él, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental. Al respecto, el presidente Alberto Fernández subrayó que otorga “herramientas, información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro”. Otro proyecto ambiental es el que establece el marco legal para la utilización de productos fitosanitarios o agroquímicos en todo el país.
Por su lado, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación espera ser aprobada sin grandes obstáculos. Establece un aumento progresivo del presupuesto dedicado a la ciencia y tecnología para que alcance el 1% del PBI en 2032. También están a la espera la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia y el proyecto de etiquetado frontal de alimentos para los niveles de azúcar, sodio y grasas.
Asimismo, el Ejecutivo envió el proyecto que otorga un beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del submarino A.R.A. San Juan. De volverse ley, cada grupo familiar recibirá $6,6 millones. Dentro del terreno económico, otras iniciativas a tratar son la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario y el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para pequeños contribuyentes.
En suma, enero y febrero serán meses intensos para el Congreso. Con el paso de los primeros meses del 2021, tanto el oficialismo como la oposición empiezan a medir fuerzas en este año electoral. Las sesiones extraordinarias que están por arrancar son solo el comienzo de la carrera.
Escrito por Manuel Román
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