Una veintena de organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Congreso de la Nación que rechace el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional reformó el sistema de inteligencia argentino. El pedido fue expresado a través de un comunicado conjunto en el que advierten sobre la gravedad institucional de la medida y la falta de debate parlamentario.
“Una vez más, se toman decisiones de extrema relevancia sin debate legislativo. Es evidente que lo que exige nuestra Constitución para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se cumple”, señalaron las organizaciones firmantes. El texto cuestiona de manera directa el uso del DNU para modificar aspectos sensibles del sistema democrático, como el funcionamiento de los organismos de inteligencia y el rol de las fuerzas armadas.
Entre las entidades que impulsan el reclamo se encuentran Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Centro de Asistencia Judicial Especializada (CAJE), junto a otras organizaciones sociales, jurídicas y de derechos humanos.
En ese sentido, alertan que la ausencia de controles adecuados abre la puerta a posibles abusos y vulneraciones de derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión.
Otro punto central del reclamo es que, de acuerdo al comunicado, por primera vez desde el retorno de la democracia la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) podría tener facultades para detener personas. Las organizaciones advierten que esta posibilidad implica un retroceso institucional y una concentración de poder incompatible con los estándares democráticos y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Además, el DNU se cuestiona debido a que habilitaría nuevamente a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad interior. Las organizaciones recuerdan que esta separación entre defensa nacional y seguridad interior fue una conquista clave de la democracia, precisamente para evitar abusos y garantizar el control civil sobre las fuerzas armadas tras la última dictadura.
En ese contexto, las entidades firmantes instaron al Congreso a ejercer su rol constitucional y rechazar el decreto. Consideran que cualquier reforma del sistema de inteligencia debe discutirse de manera abierta, con participación parlamentaria y de la sociedad civil, y respetando los principios constitucionales. El reclamo se suma a otros cuestionamientos recientes sobre el uso de decretos de necesidad y urgencia para modificar políticas públicas de alto impacto institucional.
