El Gobierno nacional vetó la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. La medida rechaza un proyecto que contaba con el respaldo unánime de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes habían impulsado la normativa como un mecanismo para garantizar mayor transparencia y equidad en la distribución de estos recursos.
La ley vetada incorporaba un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto, con el objetivo de establecer que el Fondo de ATN debía coparticiparse de forma automática y diaria. La propuesta respondía a los reclamos de las provincias por el carácter discrecional que, hasta ahora, mantiene el reparto de esos fondos especiales.
Qué son los Aportes del Tesoro Nacional
Los Aportes del Tesoro Nacional tienen su origen en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Allí se establece que el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales recaudados por la Nación se destina a este fondo.
La finalidad de los ATN es asistir a las provincias en situaciones de emergencia y colaborar en la compensación de desequilibrios financieros. En la práctica, se trata de un recurso que funciona como auxilio económico en momentos críticos, aunque su utilización ha estado históricamente marcada por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Ese carácter discrecional fue el eje de las críticas planteadas por los gobernadores. Según argumentaron, la ausencia de un mecanismo de reparto automático genera desigualdades y permite que los fondos sean utilicen como herramienta de presión política o negociación.
El proyecto de los gobernadores
El proyecto vetado había se impulsó de manera conjunta por todos los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño. La iniciativa buscaba garantizar que los ATN se distribuyan de forma transparente, sin depender de la voluntad política de turno.
La incorporación de un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto establecía que los fondos debían transferirse en forma automática y diaria, siguiendo los mismos criterios de coparticipación que rigen para otros tributos. De esa manera, cada jurisdicción recibiría una porción proporcional y asegurada de los recursos.
La propuesta había sido presentada como un paso hacia la consolidación del federalismo fiscal, en un contexto donde las provincias reclaman mayor previsibilidad en la recepción de fondos nacionales. La aprobación en el Congreso representó un logro político para los gobernadores, quienes exhibieron unidad en torno a esta demanda.
El veto presidencial
Con la decisión de vetar la norma, el Gobierno nacional mantuvo el esquema vigente. Esto significa que los ATN seguirán administrandose por el Poder Ejecutivo con criterio discrecional, sin la obligación de realizar giros automáticos ni diarios hacia las provincias.
El veto implica un revés para la estrategia de los gobernadores, que habían encontrado en este proyecto un canal para garantizar mayor autonomía financiera. La medida también profundiza las tensiones entre la Nación y las provincias en materia de distribución de recursos.
La decisión presidencial se inscribe en un escenario de disputa creciente por el financiamiento. Los mandatarios provinciales venían reclamando un cambio en el manejo de los ATN para evitar desigualdades y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias locales.
Un debate sobre el federalismo fiscal
La discusión en torno a los ATN pone en evidencia un problema estructural del federalismo argentino: la dependencia de las provincias de los recursos que administra la Nación. Aunque los fondos representan solo el 1% de la masa coparticipable, su impacto es relevante en momentos de crisis.
El carácter discrecional con que se reparten ha sido motivo de cuestionamientos recurrentes a lo largo de distintos gobiernos. La falta de reglas claras genera suspicacias sobre un uso político de los recursos y abre un frente de conflicto cada vez que las provincias atraviesan dificultades económicas.
Con el veto, el Gobierno defendió la continuidad de un esquema que le otorga control directo sobre la distribución de estos fondos. Sin embargo, el rechazo a la norma aprobada por el Congreso deja abierta la posibilidad de nuevos reclamos y negociaciones.
Consecuencias políticas y fiscales
El veto a la ley de reparto automático de ATN se suma a una serie de decisiones recientes que marcaron diferencias entre la Nación y los gobernadores. La medida puede tener consecuencias políticas inmediatas, ya que los mandatarios provinciales habían presentado este proyecto como una conquista conjunta.
En términos fiscales, la decisión implica que las provincias deberán seguir gestionando los recursos de manera puntual ante la Nación, en lugar de recibirlos con previsibilidad a través de un sistema automático. Esto mantiene la dependencia del diálogo político y limita la posibilidad de planificar con mayor certidumbre.
La controversia en torno a los ATN vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la coparticipación y el financiamiento provincial. Con la ley vetada, el reclamo por un reparto más equitativo y transparente sigue vigente, en un contexto donde las provincias buscan asegurar herramientas para enfrentar emergencias y desequilibrios financieros sin quedar atadas a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.