El Gobierno nacional decidió vetar dos normas de alto impacto social que habían sido aprobadas recientemente en el Congreso: la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. La medida generó fuertes reacciones en distintos sectores y abrió un nuevo escenario de tensión política y sindical. Además, se espera que ocurra lo mismo con la norma impulsada por los gobernadores para garantizar los giros de fondos hacia las provincias.
La ley universitaria que quedó en el camino
La primera de las leyes vetadas establecía un mecanismo de actualización automática para los gastos de funcionamiento y los salarios de las universidades nacionales. El cálculo debía realizarse en base a los índices oficiales de inflación, con el objetivo de evitar el desfasaje económico que afecta a las instituciones de educación superior en contextos de alta inflación.
El proyecto también incluía un incremento progresivo en la inversión destinada a la educación universitaria, buscando fortalecer un sistema que se encuentra en permanente tensión presupuestaria. No era la primera vez que se impulsaba una iniciativa de este tipo: el año pasado, el Poder Ejecutivo ya había vetado una norma similar, que tampoco logró superar esa instancia en el Congreso.
El nuevo rechazo por parte del Gobierno provocó malestar inmediato en el ámbito académico. Desde las universidades nacionales venían advirtiendo que, de concretarse un veto, se pondría en marcha un plan de lucha con medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar la insistencia parlamentaria.
La ley de emergencia pediátrica y el reclamo sanitario
La segunda ley que quedó sin efecto tras el veto presidencial era la denominada de emergencia pediátrica. Esta obligaba al Ejecutivo a destinar fondos urgentes para fortalecer el sistema de atención en la niñez, con la incorporación de mejoras salariales y beneficios impositivos específicos para los profesionales del sector.
La norma había surgido como respuesta a la creciente crisis en hospitales pediátricos, donde se multiplican las denuncias por falta de recursos, dificultades para sostener guardias y carencias en la provisión de insumos. El Hospital Garrahan, principal centro de referencia pediátrica del país, ya había expresado públicamente su preocupación.
De hecho, los trabajadores de esa institución habían convocado a una medida de fuerza para mañana, en protesta por la situación crítica y la falta de respuestas oficiales. El veto, lejos de desactivar el conflicto, amenaza con profundizar el descontento y dar lugar a nuevas acciones sindicales.
La reacción de las universidades
La comunidad universitaria no tardó en pronunciarse frente a la decisión del Gobierno. “Si hay veto, hay marcha”, habían advertido los rectores y gremios docentes antes de conocerse la medida. Con el anuncio consumado, se confirmó la puesta en marcha de un nuevo plan de lucha que buscará presionar al Congreso para que insista con la norma aprobada.
Para mañana ya fue anunciado un paro universitario de alcance federal. Las instituciones educativas y sus trabajadores paralizarán actividades en todo el país como primera respuesta al veto presidencial. Además, se convocó a una movilización masiva el día en que el Congreso debata la posibilidad de revertir la decisión del Ejecutivo.
El reclamo combina la defensa de los recursos presupuestarios con la denuncia de un deterioro sostenido en la educación pública. Los gremios universitarios remarcan que el financiamiento adecuado no es solo una cuestión de salarios, sino también de garantizar la continuidad de la investigación, la extensión y el funcionamiento diario de las casas de estudio.
Un escenario de mayor confrontación
La expectativa ahora está puesta en el camino que tomarán las próximas semanas. A las protestas del sector sanitario y universitario se suman los gobernadores, que aprobaron una norma para garantizar los giros automáticos de fondos hacia las provincias y que también podría ser vetada por el Ejecutivo.
Ese posible tercer veto abriría un frente de conflicto adicional, en un contexto donde la relación entre la Nación y las provincias atraviesa una tensión constante por la distribución de recursos.
La sucesión de vetos y las reacciones que provocan muestran la profundidad de las diferencias entre el Gobierno y distintos sectores sociales. Universidades, trabajadores de la salud y mandatarios provinciales encuentran un punto en común en el reclamo por financiamiento, en medio de una crisis que se expresa tanto en el plano educativo como en el sanitario y el institucional.
Con la convocatoria al paro federal universitario y las medidas de fuerza en hospitales pediátricos, el escenario anticipa una semana marcada por protestas y reclamos. El desenlace dependerá de cómo responda el Congreso y de si los legisladores deciden insistir con las leyes aprobadas pese al veto presidencial.