Vialidad: marzo será el mes de las apelaciones al veredicto que condenó a la vicepresidenta

Tras dar a conocer su decisión el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados. Pero como fija la ley, ahora tendrán que difundir los fundamentos completos de su veredicto, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes podrán apelar ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos completos. Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.

Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina. En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte del Poder Judicial.

Días antes, al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría “ya está escrita” por el “partido judicial”. El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019 de manera presencial y estuvo suspendido seis meses por la pandemia de Covid-19 entre marzo y agosto de 2020, cuando se reanudó de manera virtual; finalmente entró en 2022 su etapa de alegatos, últimas palabras y veredicto.

En Casación, la sentencia se revisará en la sala IV. La misma se compone en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Esto porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad. Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previa.  Allí escucharán fundamentos. Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver.  Aunque este plazo suele ser laxo. Tal como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán. Cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.