El Senado de la Nación Argentina aprobó el Régimen Penal Juvenil. La edad de imputabilidad bajará de 16 a 14 años por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, ahora espera su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La norma crea un sistema penal juvenil especializado con procesos judiciales diferenciados por edad, principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad, priorizando medidas alternativas a la privación de libertad y garantizando separación de adolescentes frente a adultos.
Legisladores del peronismo cuestionaron su enfoque punitivo y la insuficiencia de fondos: el presupuesto de $23.700 millones apenas alcanza para 308 m² por provincia según datos oficiales. “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta”, advirtió Jorge Capitanich. En contraposición, Luis Juez calificó las críticas como “ignorancia”.
Las cifras oficiales muestran que la participación de menores en delitos es baja en términos relativos. En la provincia de Buenos Aires, las imputaciones de adolescentes representaron solo 2,25 % del total de causas penales en 2023. Además, en delitos graves como homicidios ese porcentaje fue de 8 % del total consumado. Además, solo 945 niños y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas ante la Justicia Nacional de Menores en el primer semestre de 2025.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social y organizaciones vinculadas a la Iglesia manifestaron su rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad, argumentando que “los menores no son quienes más delitos cometen” y que “bajar la edad no reduce el delito, sino que profundiza la exclusión y la violencia”. Señalan que las políticas públicas deben promover un desarrollo humano integral que fomente educación, inclusión social, apoyo familiar y oportunidades reales para los adolescentes, en lugar de centrarse en medidas estrictamente punitivas.
Esta perspectiva eclesiástica subraya que el enfoque en derechos y protección no puede ser reemplazado por la sola baja de edad de imputabilidad si no se atienden causas estructurales de desigualdad y vulnerabilidad, en línea con la doctrina del desarrollo humano integral.
