El Gobierno anunció que enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que endurece penas para homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas y delitos viales cuando se comprueba conducción imprudente. El nuevo esquema punitivo también incorpora figuras modernas vinculadas al cibercrimen, criminalidad ambiental, terrorismo, corrupción y protección del orden electoral.
Durante la presentación, la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “El que las hace, las paga”, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Gobierno destacó que los delitos graves serán imprescriptibles, un eje central de la propuesta.
Según el Ministerio de Justicia de la Nación, la reforma apunta a modificar un aspecto clave del sistema actual: “cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena”. El proyecto eleva los mínimos para evitar excarcelaciones automáticas. En el caso del homicidio agravado, la prisión perpetua será “para toda la vida”, sin límite temporal.
Bullrich remarcó que los delitos de corrupción tendrán penas graves y que “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”. También sostuvo que la reforma deja atrás “la doctrina Zaffaroni” para terminar con “la puerta giratoria” que, dijo, deja a la sociedad expuesta a delincuentes que deberían estar presos.
Como ejemplo, el homicidio simple, cuya pena máxima hoy es de 25 años, pasará a un tope de 30 años. El homicidio agravado sumará nuevos criterios para evaluar agravantes.
La actualización llega después de más de un siglo de vigencia del Código Penal sancionado en 1921 e incluye, además del aumento de penas, la baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevos delitos.
La reforma propone transformaciones en áreas sensibles como seguridad, narcotráfico, delitos sexuales y protección de grupos vulnerables. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Violencia en el deporte y espectáculos masivos: creación de figuras específicas para sancionar peleas, disturbios y agresiones en estadios o grandes eventos.
Narcotráfico: endurecimiento de penas desde el cultivo hasta el tráfico internacional, con agravantes cuando participan funcionarios o involucra a menores.
Decomiso y extinción de dominio: procedimientos más estrictos para evitar que condenados recuperen bienes ilícitos.
Protección de bienes culturales: sanciones frente al tráfico o destrucción de patrimonio arqueológico e histórico.
Compra y venta de niños: penas más duras y responsabilidad penal para intermediarios y facilitadores.
Delitos contra la familia: nuevas tipificaciones de violencia intrafamiliar e incumplimientos de asistencia.
Tragedias viales: penas superiores para conducción temeraria, alcohol, drogas, carreras ilegales o siniestros fatales.
Medio ambiente: inclusión de la figura de ecocidio, agravantes por daño a áreas protegidas o salud pública.
Agravantes frente a sujetos vulnerables: penas mayores para delitos contra menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
Imprescriptibilidad: se extiende a homicidios, abuso sexual, grooming, pornografía infantil, trata, terrorismo y narcotráfico.
Interrupción Voluntaria del Embarazo: se mantiene la plena vigencia de la Ley 27.610.
Violencia de género: actualización de figuras sexuales, domésticas y digitales, incluido el ciberacoso.
La iniciativa suma figuras inexistentes en el Código de 1921, entre ellas:
Cibercrimen: fraude informático, acceso indebido, usurpación de identidad, grooming y difusión no consentida de imágenes.
Motochorros: agravantes específicos por el uso de motovehículos para cometer delitos.
Criminalidad ambiental: contaminación agravada y daños irreversibles a ecosistemas.
Delitos de corrupción: cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.
Lavado de activos: nuevas herramientas para recuperar bienes ilícitos y frenar el blanqueo.
Terrorismo y financiamiento del terrorismo: adecuación a pautas de ONU y GAFI.
Crimen organizado transnacional: armas, trata, migrantes y contrabando a gran escala.
Estabilidad fiscal y monetaria: delitos económicos que afecten el sistema financiero.
Protección del orden electoral: penalización de manipulación digital, algoritmos engañosos y desinformación para influir en el voto.
La discusión parlamentaria definirá el alcance final de la reforma, considerada por el Gobierno como una de las más amplias y estructurales en un siglo.
