Caso fentanilo: los chats que complican a exjefas de la Anmat y las referencias a Mario Lugones en la investigación
La causa por el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes sumó un nuevo capítulo con la incorporación de chats y documentación que, según la investigación judicial, comprometen a la exadministradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. Los mensajes incorporados al expediente también incluyen referencias a consultas realizadas a “Mario”, que los investigadores interpretan como alusiones al actual ministro de Salud, Mario Lugones.
Ambas exfuncionarias permanecen detenidas desde hace dos días, acusadas de haber participado en una maniobra que, según la fiscalía, permitió que continuara la producción y circulación del fentanilo elaborado por los laboratorios Ramallo y HLB, cuya contaminación derivó en la mayor tragedia sanitaria investigada por la Justicia argentina.
Durante su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, Gabriela Mantecón Fumadó respondió durante varias horas las preguntas de los investigadores.
Según trascendió de fuentes judiciales que conocen el contenido de su declaración, la exdirectora del INAME sostuvo que el ministro de Salud, Mario Lugones, era informado sobre las decisiones relevantes vinculadas a los laboratorios Ramallo y HLB, ya que, según afirmó, “todo lo importante” era reportado al funcionario.
Asimismo, declaró que el ministro habría impulsado el cierre del laboratorio.
Uno de los chats incorporados a la causa guarda relación con esa afirmación. El 26 de marzo de 2025, Bisio le escribió a Mantecón:
“Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta”.
Para los investigadores, esa conversación refuerza la hipótesis de que el tema era seguido de cerca dentro del Ministerio de Salud.
El dictamen firmado por la fiscal Laura Roteta y por Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), les atribuye un delito especialmente grave contemplado en el Código Penal: el envenenamiento o adulteración de medicamentos cuando el hecho produce la muerte de personas, figura cuya pena va de 10 a 25 años de prisión.
La acusación sostiene que ambas funcionarias habrían otorgado “cobertura estatal” a laboratorios que presentaban graves incumplimientos, pese a conocer que existían riesgos para la salud pública.
La hipótesis de la fiscalía se apoya tanto en expedientes administrativos como en los mensajes obtenidos de los teléfonos secuestrados durante la investigación.
Antes de que saliera al mercado el primer lote de fentanilo contaminado, dos inspectoras de la ANMAT realizaron inspecciones entre noviembre y diciembre de 2024 en el laboratorio Ramallo.
Como resultado de esas inspecciones detectaron numerosas irregularidades y el 3 de enero de 2025 recomendaron expresamente prohibir toda la producción del establecimiento y retirar del mercado los medicamentos allí elaborados.
Sin embargo, según surge de la causa judicial, esa recomendación no fue ejecutada de inmediato.
La primera partida del fentanilo cuestionado fue entregada el 30 de enero de 2025.
La investigación sostiene que, mientras el informe permanecía sin ejecutarse, el 14 de enero de 2025 Bisio y Mantecón Fumadó mantuvieron una reunión con Ariel García Furfaro y otros representantes de la empresa.
Para la Justicia, los hermanos García eran los verdaderos responsables de los laboratorios Ramallo y HLB, considerados en la investigación como parte de una misma estructura empresarial.
De acuerdo con el expediente, durante ese encuentro las funcionarias ofrecieron no avanzar con medidas sancionatorias si la empresa presentaba un “plan de acción”.
Al día siguiente hubo una nueva reunión.
Según las pruebas reunidas por la fiscalía, Mantecón Fumadó recibió ese plan y manifestó que ayudaría a conseguir por otra vía los rótulos y prospectos que la empresa no estaba logrando obtener.
Entre las conversaciones secuestradas aparece un mensaje atribuido a Victoria García, quien participó de la reunión realizada en la sede de la ANMAT sobre Avenida de Mayo.
Tras ese encuentro escribió:
“Re bien predispuestas ambas, las dos”.
Para la investigación, ese intercambio evidencia la buena relación existente entre las autoridades regulatorias y los representantes de los laboratorios investigados.
Recién el 10 de febrero de 2025 Bisio y Mantecón Fumadó firmaron la denominada “carta de advertencia” que prohibía toda la producción del laboratorio Ramallo.
La medida se publicó oficialmente el 24 de febrero.
Ese mismo día también se avanzó con la orden de retiro de los medicamentos del mercado.
Según la reconstrucción judicial, para entonces el primer lote de fentanilo contaminado ya había sido comercializado desde el 30 de enero y la primera aplicación que posteriormente derivó en una muerte se produjo el 8 de febrero.
Durante su declaración, Mantecón Fumadó explicó que cuando recibió el informe de inspección en los primeros días de enero se lo remitió a Bisio.
Según su versión, la entonces titular de la ANMAT lo elevó a su vez para consulta y posteriormente le transmitió que Mario Lugones habría indicado avanzar, aunque “con cautela”.
La exdirectora del INAME utilizó esa explicación para justificar las reuniones mantenidas con los representantes del laboratorio durante enero.
La fiscalía sostiene que las demoras continuaron incluso después de la suspensión de la producción, ya que no se detuvo inmediatamente la comercialización de los medicamentos.
Desde el 24 de febrero distintas droguerías y hospitales consultaban al INAME si podían utilizar los lotes fabricados por Ramallo.
En uno de los mensajes incorporados al expediente, una técnica del organismo consultó a Mantecón Fumadó qué debía responder.
La exfuncionaria preguntó si estaban identificados los lotes alcanzados por la medida.
La técnica respondió que eran “todos” los elaborados por el laboratorio Ramallo.
Ante esa respuesta, Mantecón Fumadó expresó:
“Es un montón de guita que está en la calle”.
Para la fiscalía, ese intercambio demuestra que “la preocupación de Mantecón Fumadó en este caso no fue proteger la salud de la sociedad, sino evitar posibles pérdidas económicas que pudieran sufrir las empresas de los hermanos García”.
La conversación continuó cuando la técnica advirtió:
“Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”.
La respuesta de su superior fue:
“Sí, lo sé”.
El juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta analizan actualmente las declaraciones indagatorias de ambas exfuncionarias junto con la prueba documental y los mensajes obtenidos durante la investigación para determinar los próximos pasos de una causa que busca establecer las responsabilidades penales por la producción y comercialización del fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes en Argentina.
