El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que no comenzarán las clases en 2026 si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La definición se tomó con la participación de 30 gremios y marca el inicio de un fuerte plan de lucha previsto para el próximo año.
Según informó la federación, la decisión incluye el no inicio del ciclo lectivo en caso de que el Gobierno no garantice la puesta en marcha completa de la ley. La postura sindical surge en un contexto de creciente preocupación por el presupuesto universitario y por el deterioro de las condiciones que, según sostienen, afectan gravemente el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.
“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, señaló.
El comunicado difundido tras el plenario resalta el carácter unificado de la medida y el respaldo de sindicatos docentes de universidades de todo el país. Participaron gremios como ADUC, AFUDI, ADIUNGS, ADOI–UNVIME, ADEIUNAJ, COAD, ADUNSE, SIDIUNLAR, SIDUNCAS, AGD Río Cuarto, ADUNM, ADUNTREF, ADIUC, ADUNIPE, CODIUNNE, SIDIUNT, ADULP, ADIUNPAZ, FEDUBA, ADUM, ADUNOBA, ADUNA, SIDUNCU, ADAI, ADIUNQ, ADUNCE, AGDU–Entre Ríos, SIDUNSJ, ADUNSADA y ADFUFOR, entre otros.
El eje principal del reclamo es la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, una normativa que las y los docentes consideran indispensable para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento, pagos salariales actualizados y continuidad académica. Según sostienen, el desfinanciamiento acumulado pone en riesgo no solo el inicio del ciclo 2026, sino la capacidad de las universidades de sostener actividades esenciales como investigación, extensión y programas de becas.
CONADU enfatizó además que la falta de inversión estatal afecta directamente a miles de estudiantes de todo el país, especialmente a quienes dependen exclusivamente de la universidad pública para formarse. En ese sentido, el plenario advirtió que el deterioro financiero podría derivar en un escenario sin precedentes.
El reclamo llega tras meses de tensiones presupuestarias y negociaciones sin avances, contexto en el que universidades de distintas provincias ya habían alertado sobre dificultades para sostener gastos operativos básicos.
Mientras se espera una respuesta oficial, los gremios universitarios reafirmaron su compromiso con la defensa del sistema público. Bajo el lema “Somos la Universidad Pública”, anunciaron que continuará la difusión de medidas, acciones y plan de lucha en todo el país.
El posible no inicio de clases en 2026 abre un escenario inédito para la educación superior argentina y se convierte en un tema central para la comunidad académica, estudiantil y sindical. La implementación de la Ley de Financiamiento será el punto decisivo para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del calendario académico.
