Cien días después de que se iniciara la investigación judicial por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma. El empresario, señalado como el principal responsable de los laboratorios que fabricaron los medicamentos que derivaron en el fallecimiento de al menos 96 pacientes en distintos hospitales del país, se entregó voluntariamente ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, confirmaron fuentes cercanas al caso. La medida no fue sorpresiva: desde el inicio del expediente, García Furfaro estuvo bajo la lupa por múltiples irregularidades en los procesos de fabricación, el incumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción y un historial personal marcado por antecedentes penales.
Las órdenes de detención no recayeron solo sobre él. El juez dispuso la privación de libertad de otras nueve personas vinculadas con las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellas sus hermanos Hernán y Diego, así como su madre, Nilda Furfaro, que había presidido una de las firmas. También fueron arrestados directores técnicos y autoridades, entre los que figuran Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Maiorano y Javier Tchukran. A ellos se suman accionistas de Ramallo, como Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano. Todos fueron localizados en una serie de operativos desplegados por la PSA y Gendarmería en diez domicilios y sedes comerciales.
El Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte confirmó que al menos en doce historias clínicas existía un “nexo concausal” entre las muertes y la bacteria presente en las ampollas producidas por HLB Pharma. A su vez, el ANLIS-Malbrán comprobó con “certeza científica la identidad fenotípica, molecular y genómica” entre las bacterias halladas en los pacientes y aquellas detectadas en el lote 31.202 de fentanilo, lo que despejó toda duda sobre el origen del brote infeccioso. Estas pruebas terminaron de comprometer a la cúpula empresarial, ya que demostraron fallas estructurales en los procesos de fabricación que derivaron en consecuencias mortales.
El informe del Malbrán se convirtió en la pieza determinante para que el juez avanzara con las detenciones. Según trascendió, la investigación reveló inconsistencias en al menos cinco lotes de producción, entre ellos el 31.202, infectado con bacterias letales. El Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de la ANMAT, ya había advertido sobre irregularidades en las prácticas de fabricación, sumando alrededor de veinte incumplimientos que marcaron la magnitud del problema. Para los expertos, la situación configura un claro caso de “dolo eventual”: los responsables de laboratorios saben que el incumplimiento de protocolos básicos en un producto de alta sensibilidad sanitaria puede desembocar en muertes, como efectivamente ocurrió.
El caso comenzó a visibilizarse en abril, cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron infecciones graves y poco habituales en pacientes internados en terapia intensiva. El denominador común fue que todos habían recibido fentanilo en ampollas de 0,5 ml elaboradas por HLB Pharma. Ante esta alerta, la ANMAT suspendió la comercialización de los medicamentos de la firma el 12 de mayo y, un día después, presentó la denuncia que dio origen a la causa en el juzgado de Kreplak. Desde entonces, los allanamientos a las sedes empresariales y la clausura de la droguería Alpharma —propiedad de la familia García Furfaro— confirmaron la profundidad de la red de irregularidades.
El número de víctimas creció rápidamente: de poco más de una decena al inicio, ya son 96 las personas fallecidas confirmados tras haber recibido el fármaco contaminado. Aunque las autoridades sanitarias lograron recuperar las ampollas restantes de los lotes sospechados, la magnitud del daño ya estaba consumada. Mientras tanto, la justicia dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para 24 personas vinculadas al entramado empresarial, cerrando el cerco sobre los García Furfaro y sus socios.
La detención de García Furfaro se produjo también en un contexto de fuerte tensión política. El presidente Javier Milei había reclamado públicamente la semana pasada que el empresario fuera detenido, acusando al kirchnerismo de un “encubrimiento atroz”. En un acto en La Plata, Milei afirmó: “Dedicaron tantos años a colonizar los niveles del Estado que pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad”. Incluso cuestionó al magistrado de la causa, insinuando vínculos políticos por ser hermano del ministro de Salud bonaerense.
El juez Kreplak respondió con firmeza y recordó “al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. La disputa pública entre el Poder Ejecutivo y la Justicia expuso la sensibilidad del caso, que combina un grave escándalo sanitario con un fuerte impacto en el debate político nacional.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció las detenciones a través de su cuenta en la red social X con un mensaje contundente: “El que las hace las paga”. A las 22.30 del miércoles, la Policía había logrado capturar a los diez involucrados, incluyendo a Ariel García Furfaro, que terminó entregándose en la sede de la PSA.
El trasfondo judicial y científico de la investigación no deja margen de duda sobre la responsabilidad de los laboratorios. Las pericias establecieron que las fallas de producción fueron determinantes en las muertes y que existieron alertas previas que no se atendieron. Aunque la defensa intentará despegar a García Furfaro de la responsabilidad directa, los informes técnicos y las pruebas documentales delinean un escenario en el que la negligencia empresarial aparece como la causa central de una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos años en Argentina.
